Recordemos:
el Ayuntamiento, en su momento decidió pasar de una gestión directa
del servicio de la grúa municipal a una indirecta. De forma
explícita se acordó municipalizar el servicio así como la gestión
directa. De igual manera, la mayoría política del momento decidió
variar la gestión optando por la indirecta pura: una plica para la
adjudicación del mismo a una empresa privada. El Ayuntamiento seguía
(y sigue) siendo el titular del servicio municipal pero optó por la
gestión indirecta. En 2014, cuando el contrato finaliza, la mayoría
política decidió, de forma incomprensible, no definir el futuro del
servicio dejándolo en el aire pese a que ha continuado prestándose
a través de contratos menores, algo que parece no solo
contradictorio sino incluso presuntamente ilegal.
La
nueva corporación surgida de las elecciones de mayo de 2015 se
encuentra sobre la mesa la situación y decide, no se sabe si tácita
o explicitamente, continuar con la irregular gestión hasta nuestros
días. Y en la actualidad nos encontramos ante un problema que
finalmente y si los recursos ante la sentencia judicial no lo
evitan, supondrá un costo económico para las arcas municipales.
Esto debería propiciar una respuesta clara por parte del actual
gobierno municipal exigiendo responsabilidades a los anteriores
gobernantes, pues de lo contrario podría parecer que la
responsabilidad se diluye en el "hoy por ti mañana por mi",
algo que no beneficia en nada ese cambio que se proponía y que la
ciudadanía apoyó con su voto.
Algunos
de los argumentos expuestos en la sesión plenaria del pasado jueves
24 no se sostienen e incluso son claramente contradictorios con la
actuación del gobierno municipal. En cambio otros son lógicos y
sensatos. Por ejemplo: decir que existen limitaciones en la
legislación vigente en materia de personal es cierto. Pero no es
menos cierto que si nos referimos a un nuevo servicio municipalizado,
las mismas limitaciones no han sido problema para que el Ayuntamiento
dotase de personal interino el servicio del aparcamiento de la
Avenida de Els Furs (que sigue pendiente de decisión judicial e
igualmente sería deseable esa exigencia de responsabilidades a la
que antes me refería). Es contradictorio que el servicio que antes
se prestaba con tres operario ahora precise seis: ¿en función de
qué cálculos o estudios?. Y es cierto que el Ayuntamiento, pese a
todo, debe defender los intereses municipales, pero no es menos
cierto que para la defensa efectiva y eficiente de los intereses
municipales, se debería haber planteado una solución o una
propuesta hace tiempo.
Sobre
la demanda de remunicipalización del servicio, y sin conocer
textualmente la moción presentada, simplemente algunas
consideraciones.
En
mi opinión no se debe partir de la idealización de la prestación
de servicios de forma directa. Algunos servicios pueden ser objeto de
acuerdo y encuentro entre la iniciativa pública y privada. La
cuestión es si lo que se pretende es simplemente beneficiar el
interés privado o incentivar una economía social dinámica en torno
a la prestación de determinados servicios: no es lo mismo la gestión
por parte de una multinacional o una gran empresa que la prestación
del servicio por parte de una cooperativa, por poner un ejemplo.
Igualmente no se puede apostar de forma unilateral por la gestión
privada como paradigma de eficacia sin valorar una dimensión social
necesaria: la calidad del empleo.
En
resumen, creo humildemente que es una opción legitima proponer
remunicipalizar, pero la responsabilidad política de quien propone
es, no solo abrir el debate sino avanzar en la propuestas en sus
vertientes social y económica. Igualmente considero que, dado el
contexto político en el que vivimos lo razonable, es buscar
acuerdos que propicien continuidad en las soluciones: la democracia
se basa en las preferencia ciudadanas expresadas de forma agregada a
través del voto, y ésto propicia cambios y combinaciones de
partidos y organizaciones políticas que más allá de los intereses
electorales deben actuar con responsabilidad en la búsqueda de
acuerdos que cuenten con el consenso político y social más amplio
posible para de ésta manera garantizar la estabilidad a la vez que
la continuidad a las políticas que se acuerde implementar.
Para
finalizar, simplemente expresar que, más allá del problema puntual
sobre la sentencia en el caso de la grúa, sería interesante y muy
apropiado para ese clima de "cambio", impulsar un debate
sobre la gestión de los servicios. Sobre el control,la transparencia
y la participación en los procesos públicos de decisión como
elemento fundamental para alcanzar acuerdos con la sociedad, variando
progresivamente esa especie de cultura gerencial que idealiza lo
privado frente a lo público como paradigma de gestión así como la
mera idealización general de lo público excluyendo lo privado y,
por consiguiente limitando un interesante campo de cooperación
social y económica que podría permitir explorar vías de empleo y
redistribuición hasta ahora únicamente teorizadas.
Angel
Sánchez Sánchez
