LA MANCONUNIDAD SE REUNE EN EL CAMPELLO (¡QUIÉN, QUÉ, CÓMO?)

Leo, en la edición digital del periódico local La Illeta, que la Mancomunidad de L'Alcantí ha celebrado una reunión en El Campello. Durante un corto período de tiempo fui miembro de la Mancomunidad designado por el Pleno del Ayuntamiento de El Campello. Pero mi interés por éste ente local ( LBRL Art. 3.2.c) fue especial, máxime cuestionando como cuestiono a las Diputaciones como uno de los anacronismos que subsiste en nuestro sistema democrático ( anacrónico pues, siendo democrática la elección de representantes municipales, siendo democrática la elección de diputados autonómicos o estatales, la designación de los y las diputados y diputadas provinciales es competencia de los partidos políticos, siendo éste un elemento de "partitocracia" difícilmente argumentable en un sistema democrático).

Me viene al pelo una frase de Vallespín sobre la política: la gran paradoja es que en la época de la tan cacareada innovación -tecnológica, financiera, productiva, empresarial...- la política, para bien o para mal, se está quedando al margen. Me he permitido la cita, pese a que F.Vallespín se refería a otra cosa ( a la Ciencia Política), porque es cierto: la política local parece vivir al margen de una realidad marcada por lo interterritorial, por lo trans local, por la globalidad. Me explico, si me lo permiten, haciendo referencia literal ( comentada, claro) al articulado de los estatutos de éste énte.

En su artículo 9 se hace referencia al procedimiento de designación de vocales, especificando en su apartado 2 que tras las elecciones, los representantes electos ( por la ciudadanía) designarán por acuerdo plenario a sus representantes. Aquí se encuentra la diferencia a la que me refería anteriormente cuando hablaba del anacronismo democrático comparándolo con la partitocracia de la Diputación provincial. ¿No es más democratico que entre los representantes electos por la ciudadanía se designe, en el máximo órgano municipal, a los miembros de ésta institución?.

Pero voy un paso más allá, en el intento de dar contenido a mi argumento en favor de la Mancomunidad como institución supramunicipal. Las competencias establecidas en su articulado ( 5 y sucesivos de los Estatutos) se refiere a: asistencia técnica a los municipios, promoción de la cultura y equipamientos, promoción del deporte y equipamientos, urbanismo, en cuanto a la formulación de planes o anteproyectos que sirvan de orientación, tratamiento de residuos, transporte, información y promoción de la actividad turística, etc. Como podrán observar, un amplio abanico de posibles actuaciones que, con toda seguridad les sugerirán políticas compartidas en las que, como miembro de ésta institución, nuestro municipio podría "compartir" con otros infinidad de obras, servicios e infraestrucutras. Pongamos un ejemplo. ¿No habría sido más racional impulsar una piscina compartida, por ejemplo, con municipios limitrofes, compartiendo así mismo el mantenimiento y el servicio?, ¿no se podría establecer un transporte comarcal público?, ¿no se podrían impulsar programas culturales compartidos?, ¿no se podría elaborar un plan mancomunado de promoción turística con una oferta más amplia y rica?. Creo que las preguntas tienen una respuesta: si, se podría. Pero ésta respuesta conlleva otra pregunta: ¿se quiere, se cree en la mancomunidad como institución para una cooperación social, económica y política más amplia?.

El cortoplacismo en el que vive instalada la política (períodos cuatrianuales) no debería ser impedimento para emprender el camino de la cooperación, al igual que no fue un impedimento para que nuestro país decidiese integrarse en el club europeo para compartir políticas y constituir un potente ente en el entorno mundial de una globalización donde las políticas ya no dependen totalmente de uno sino de un conjunto de circunstancias. La cuestión en mi opinión es, o seguir mirándose cada uno el ombligo o concretar esas ideas en las que se dicen creer (país valenciá, comarca ) pero que decaen en beneficio de un espíritu "pueblerino" ( en su acepción peyorativa, pues el calificativo de pueblerino aplicado como vecino de un pueblo lo comparto con orgullo) donde el mérito se mide por supuestos logros personalistas, pecando de un burdo y absurdo etnocentrismo .

La Mancomunidad fue, es y será una oportunidad, no solo de racionalizar obras y servicios desde un punto de vista económico, sino una apuesta por la integración territorial donde los vecinos de diferentes municipios, compartiendo problemas , ¿porqué no compartir soluciones?.

Por ésto, al leer que la Mancomunidad había celebrado su reunión ordinaria en El Campello, me asaltó la pregunta de, ¿conocemos qué es y qué puede ser la Mancomunidad de L'Alacantí para El Campello; lo conocen nuestros representantes; creen en ésta institución como algo más que ya existía y en el que, por tradición se debe seguir estando?

EL PLENO DE DICIEMBRE

Como muchos y muchas habrán tenido oportunidad de ver, el orden del día del Pleno municipal del mes de diciembre es, por así decirlo, escaso en su contenido. Y, seguramente no es por falta de asuntos a debatir, cuestiones a acordar y temas que tratar.
Se me ocurre un asunto: ¿porqué no hablar del Presupuesto municipal?. Y no me refiero a acordar números, ni a concretar actuaciones. Simplemente hablar de las líneas políticas; estrategias a debatir para el año que está a punto de entrar.
Seguramente los muy escrupulosos podrán aducir que, hablar de cosas, sin concretar números no tiene demasiado sentido. Pero en política, acordar una agenda, para posteriormente consensuar los pormenores creo que es, como mínimo, interesante.
Dar una explicación, por ejemplo, de los datos que faltan y porqué faltan, hacer una evaluación de algún programa, alguna actuación realizada y valorar el impacto que ha podido tener en la población así como recoger indicaciones, avanzar en las líneas que van a seguirse en temas tan espinosos como el vertedero, o la política de personal: en cómo va a abordarse el problema ( porque es un problema presupuestario) el crecimiento desorbitado de partidas como las de servicios extraordinarios...por ejemplo.
Creo que reducir el orden del día a asuntos de mera tramitación administrativa ( que también) es un mal síntoma: otro mal síntoma.
Hablar ( y sigo con los ejemplos) de las inversiones sostenibles que abordar en 2018 para que puedan entrar en la anualidad sin necesidad de tener que rectificar. O en alguno de los puntos del acuerdo de investidura ( ya que estamos), para poder avanzar en su desarrollo. O también, y porque no, en cómo dinamizar la participación ciudadana, paradigma y punto ilusionante en el original compromiso de los miembros del gobierno, por no decir que de la totalidad de grupos con representación.
Creo que cualquier oportunidad es buena, y aprovechar un Pleno municipal para explicar, rendir cuentas y avanzar debates, no es cosa menor, como diría ese gran cómico que ocupa La Moncloa.

CRISIS DEL "BUENISMO".

Las candidaturas de "confluencia" o la participación de las marcas instrumentales de Podemos no han cambiado nada de la política a la que según ellos venían a cambiar. Al contrario: han emulado a sus adversarios en una estrategia partidaria que nada tiene que ver con aquel discurso "buenista" del gobierno del cambio por el que apostaban. La subjetividad ideológica como ingrediente principal de un más que evidente "infantilismo" izquierdista en su acción política institucional les ha situado, como mínimo, al mismo nivel de los que venían a combatir.

En los diferentes Ayuntamientos en los que el acuerdo plural dió la posibilidad de gobernar, como es el caso de Alicante, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan o nuestro mismo municipio, se han podido constatar con el paso de la legislatura, las distintas estrategias que, de forma más o menos evidente, se han desarrollado y que en algunos casos han puesto los cimientos para un final de legislatura, como mínimo, complicado.

En el caso de Alicante, la imputación del Alcalde por el fraccionamiento de unos contratos ha sido el detonando de la salida de EUPV y Compromis del gobierno municipal. Y siendo la imputación una cuestión grave, seguramente alguna otra solución se podría haber encontrado que no la de poner nuevamente en manos el PP el gobierno municipal. Sant Joant, ha visto como Compromís ha abandonado sus responsabilidades de gobierno por discrepancias con el Alcalde, en Sant Vicent fueron cesados de sus responsabilidades, y al gobierno de la Generalitat ( del PSPV-PSOE y Compromís le han "apretado" con argumentos presupuestarios que ponían en un brete las políticas que está desarrollando el Consell presidido por Ximo Puig.

Como hipótesis podríamos plantear que todo parte de una estrategia cuyo objetivo es, como mínimo, preservar un espacio político y electoral que les asegure consolidar la posición obtenida en 2015. Ahora bien: ¿ como valorará la ciudadanía el papel jugado en el gobierno de las formaciones políticas que han decidido pasar a la oposición? Es una apuesta arriesgada, pues por mucho que se esfuercen ahora desde la bancada contraria, la repercusión mediática y, por lo tanto social es siempre de menor impacto en un lugar que en el otro. De ahí que sea difícil aventurarse. Lo que si es cierto es que, al menos, la ciudadanía puede tener una perspectiva de lo que cada una de las formaciones políticas pueden aportar a la política municipal a la vista de sus actuaciones como miembros de un gobierno de coalición, al menos que la memoria, junto a una errónea estrategia comunicativa convierta las elecciones de 2019 en un regreso triunfal de la derecha a la vista de la aparente dificultad de las formaciones de la izquierda (en los diferentes municipios antes citados) para entenderse, desde la independencia pero con la responsabilidad que conlleva, no representar, sino estar junto a una ciudadanía que expresó en las urnas su apuesta por el cambio.

Lo que en mi opinión, por activa y por pasiva, es que se está demostrando que aquel discurso "buenista" con el que muchas formaciones se presentaron, o con el que conformaron coaliciones de gobierno está poniéndose en evidencia. La política, la cruel política de la realidad, está poniendo las cosas en su sitio, y con ello, devolviendo a la ciudadanía a la realidad: idealizar hasta el punto de convertir una ilusión en una promesa, es una irresponsabilidad. Querer imponer, querer realizar cambios, aunque sean meramente simbólicos, sin la participación de una gran mayoría, sin el consenso suficiente para asegurar el recorrido de las políticas más allá de las diferentes coyunturas electorales, es y será un acto contra el interés general. La democracia, como en otras ocasiones he comentado, es, afortunadamente, un sistema in tempore, o lo que es lo mismo: cada cuatro años pueden variar las preferencias de los y las votantes, exponiendo las políticas partidistas a variaciones que pueden desestabilizar las instituciones. Si algo deben aprender los representantes políticos es que, la democracia, sin cambiar ( legislativamente), ha cambiado. De una democracia donde la alternancia era coto cerrado de dos, hemos pasado a una democracia donde existe una pluralidad de actores que se suceden en los escenarios políticos, jugando todos ellos un necesario papel en la estabilidad de las políticas: la transversalidad se ha instaurado, con toda seguridad, para quedarse, y esa es una lección que los nuevos y los viejos partidos deben aprender, aunque fundamentalmente, los nuevos, cuyo discursos era dar la vuelta a un sistema político que se ha presentado como más sólido y reacio a revoluciones improvisadas y ocurrentes.

Los servicios municipales (la biblioteca como excusa)

El debate actual en torno a la mal llamada municipalización de los servicios públicos (los servicios impulsados por acuerdo municipal son de propiedad pública siempre, hasta que no se decida lo contrario por el órgano competente) se sustenta en un planteamiento claramente favorable a los modos de gestión públicos frente a los modos de gestión indirecta a través de contratos con sociedades mercantiles: la corrupción, el clientelismo y un mercantilismo de beneficio desmedido ha incidido de forma determinante en la irrupción de éste debate.

Y tras éste debate subyace, en el marco de lo que se denomina la Nueva Gestión Pública, una dicotomía en cuanto al enfoque de dicha Nueva Gestión: la neoempresarial y la neopública. Ambas parten de la necesidad de mejorar la prestación de determinados servicios. El primer enfoque, hace hincapié básicamente en factores económicos: eficiencia presupuestaria, ahorro económico y de recursos, etc. clientelizando a la ciudadanía receptora de los bienes y servicios. La segunda, propone introducir una dimensión ético-valorativa, a través de una repolitización de la gestión, la racionalización de las externalizaciones y la introducción en los procesos político administrtivos de participación de la ciudadanía como sujetos finales de los servicios y políticas públicas. Personalmente, me adscribo a la segunda, pero no de una forma, digamos, ortodoxa, sino flexible y básicamente posibilista. De ahí que el debate sobre la gestión de algunos servicios municipales lo entienda en un contexto, no de subjetivismo ideológico, sino de la viabilidad en función de un fin: la justicia social y la solidaridad.

La hegemonía de posiciones neoempresariales ha mercantilizado la gestión de los servicios, y ésta solo puede superarse desde una alternativa, como decía neopública, que avance en la dotación de valor público a los servicios y políticas, o lo que es lo mismo: estableciendo una mínima corresponsabilidad con la ciudadanía, considerando a ésta no solo como receptora, sino incluso como potencial gestora, algo que sin duda incidirá de forma más potente que cualquier tipo de eslogan retórico en las redes sociales en ese deseable clima de complicidad social que ayude a superar la desafección de una ciudadanía que ve la administración más como un problema que como una herramienta para mejorar su vida.

Las propuestas de gestión directa que presenta de forma recurrente Esquerra Unida adolecen, en mi opinión de una parte propositiva, centrándose únicamente en una posición normativa sobre lo que "debería ser la gestión" y no sobre cómo concretarla, a menos que la única vía propuesta sea el incremento de plantilla. Olvida posibles instrumentos como, el autoempleo, el cooperativismo, el empoderamiento de los y las trabajadoras a través de sus propias iniciativas. Antepone la calidad del empleo público y una supuesta calidad del servicio al ser prestado por funcionarios. Y, siendo cierto que a través de funcionarios se asegura su continuidad, no comparto que así sea respecto a la calidad, pues ésta depende de la iniciativa política. Y mi reflexión es , si el ente local se ha decidido por la comodidad del contrato privado sin más ¿será eficiente en la gestión de los servicios públicos prestados directamente?. Por otro lado, y siendo la democracia un sistema "in tempore", ¿quién asegura que los trabajadores públicos, al igual que otros en la plantilla municipal no acaben realizando otras tareas o que incluso acaben duplicándose recursos ( y gastos)?.

Creo que la idealización del empleo público como paradigma y "única" solución a un escenario de precariedad no es, ni responsable ni posible: defendiendo los derechos laborales para unos se acaba olvidando esa misma justicia para otros muchos y muchas. Y si de nuestra administración local hablamos, sería igualmente necesario valorar las reformas y ajustes necesarios para que los "derechos" (servicios extraordinarios y productividad) no continuasen siendo un lastre para la implementación de políticas socio económicas.

En resumen, creo que la aprobación de la propuesta de "municipalización" del servicio de biblioteca debería al menos servir para abrir un debate sobre la gestión de los servicios municipales hoy gestionados indirectamente o en perspectiva de serlo. Pero más que una decisión unilateral y atendiendo a esa "temporalidad" sobre la que la democracia descansa, debería ser motivo de un acuerdo lo más amplio posible que, siendo flexible, asegurase un criterio de mínimos sobre cómo recuperar la gestión directa o en que incidir en los pliegos de condiciones para introducir medidas de contenido social y derechos laborales para los trabajadores, al tiempo que se potencia una apertura a la participación social para la definición de los servicios asegurando la continuidad y calidad de los mismos.

EXIGIR RESPONSABILIDADES, POR RESPONSABILIDAD.

En el diario Información de hoy 26 de noviembre, aparece una noticia (más) que define, entre líneas, la "calidad" de los dirigentes políticos locales. El titular dice " El Campello rechaza asumir el coste de levantar el nuevo cuartel de la Guardia Civil...". Más adelante, en el cuerpo de la noticia, "explica" que el Alcalde no está dispuesto a abonar la construcción (1,5 millones).

Existen varias contradicciones en el relato informativo que el diario Información transmite a la vecindad campellera. Por un lado, el Alcalde no es quien tiene que decidir si asume o no el pago de esa obra, al no disponer el gobierno de mayoría suficiente como para acordarla. Por otro, El Campello NO rechaza abonar la obra, como más adelante explica, sino que no puede hacerlo "gracias" a una parte relevante de la herencia que la derecha gobernante durante más de veinte años ha dejado, no para el actual gobierno, sino para el pueblo de El Campello.

El grupo popular, que presenta ésta moción ( o cede parte de sus concejales para aprobar el plan económico financiero de la Piscina Municipal que debieron realizar ellos junto con el proyecto) es el grupo mayoritario en la oposición y aspirante a volver a gobierno, y lo que todavía tengo que explicarme es esa "orientación de súbdito" sobre la que la derecha se apoya para afirmar su legitimidad: una ciudadanía que acepta sumisa la sucesión de irresponsabilidades y que todavía les sigue confiando su voto. Claro, aquí se podría aducir que existen condicionantes diversos para explicar ese "voto de súbdito", como la ausencia de una alternativa clara que pueda concitar el apoyo mayoritario, y así lograr un gobierno estable.

Por otro lado, creo que es interesante centrar el foco de la atención: por una parte, el cinismo de la derecha al reclamar cosas que sabe imposibles al ser responsables directos de las circunstancias que van a condicionar la vida económica municipal de forma importante,y por otra, la falta de carácter de un gobierno que no señala y exige responsabilidades a los que, por sus decisiones, nos han situado en esta imposible encrucijada.

El Alcalde, quizá imbuido por el estatus que confiere el cargo, se "arrogó" ante el Delegado del Gobierno la potestad de decidir si se financiaba la obra o no, para posteriormente darse cuenta de que la situación de las arcas municipales era extremadamente precaria ,"gracias" a las decisiones de los gobiernos de la derecha, pero sin mencionar siquiera esa responsabilidad; no digamos iniciar las acciones necesarias para defender los intereses de los y las vecinos y vecinas.

Las reclamaciones "millonarias" de los afectados por la suspensión del Plan General de Ordenación Urbana van a condicionar, al igual que la indemnización por el parking de la Avenida Els Furs, las cuentas municipales. No disponer de un superavit construido sobre las espaldas de los vecinos, va a ser una responsabilidad que, pese a heredada, y repartida con el "sheriff Montoro", van a tener que asumir los actuales miembros del gobierno municipal. Y todo ello, sin iniciar, como decía, acción alguna para dirimir las responsabilidades políticas y técnicas, porque digo yo, que a parte de la decisión irresponsable de un político habrá existido un apoyo técnico, ¿no?.

El cinismo político nada tiene que ver con aquella escuela filosófica que propugnaba una actitud prácticamente antisistema y rechazaba la moral aceptada. Tiene más que ver con la primera acepción de la palabra en su sentido moderno:actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación.

A la vista, tanto de la debilidad del gobierno municipal, como de una oposición claramente anclada en el "cuanto peor, mejor", personalmente doy por perdida la presente legislatura, aunque seguramente todavía veremos cosas que nos sorprenderán o que a lo peor, nos enfadarán mucho. Las perspectivas no son demasiado halagüeñas, aunque como dijo aquel, la esperanza es lo último que se pierde.

Como bien afirma Ulrich Beck ( autor de la obra La Sociedad del Riesgo), "El ciudadano que quiere resolver los problemas que no han sabido ni prever ni evitar los especialistas, se los encuentra de nuevo entre sus manos. No tiene otra solución que mantener la delegación ( a los políticos y especialistas), pero multiplicando esta vez los dispositivos para controlarlos y vigilarlos.

 No se si hemos aprendido algo o todavía nos queda mucho por aprender.

ASIGNAR RESPONSABILIDADES: PREMIAR O CASTIGAR.

Lo habitual en los artículos de opinión, es abordar ese asunto que centra o pretende, por interés, oportunidad o necesidad, el debate político local. No me evado, como opinador impenitente, de abordar desde una perspectiva opinativa los asuntos locales, pero en más de una ocasión intento, a través de los textos de opinión que publico en mi blog ( lahojarojadelcampello.blogspot.com) o que amablemente me publica Radio El Campello o el periódico La Illeta del grupo Costacomunicación, plantear cuestiones de fondo que considero interesantes para superar el legítimo análisis subjetivo que supone la opinión pública discursiva sobre los asuntos que puntualmente van surgiendo en torno a la actividad municipal. En ésta ocasión he decidido centrarme sobre el concepto de responsabilidad como exigencia referida a la acción política respecto por parte de la ciudadanía como electores.

En los últimos tiempos, no solo en el ámbito local ( también en el autonómico y en el estatal) se ha producido un cambio. No tengo muy claro que sea una variación intemporal de los equilibrios electorales . Fruto de las consecuencias provocadas por la cruel crisis económica, emergió un movimiento que ponía cara a la insatisfacción con el sistema político. Al grito de "no nos representan", se movilizaron miles de personas que exigían más y mejor política; más y mejor democracia definitivamente. Nuestro sistema democrático se vio sacudido por un cambio de paradigma que, como decía, no podría afirmarse con rotundidad que suponga una enmienda al sistema electoral, aunque de facto si lo ha cambiado: hemos pasado de un sistema mayoritario y bipartidista a uno de consenso ( en los términos que definió Lipjart los modelos de democracia: mayoritaria y consensual). Y ésto ha traído consigo un cuestionamiento quizá menos evidente o explícito que sobre el de la representatividad ( que requeriria un texto específico) pero no menos importante: la rendición de cuentas, la asignación de responsabilidad sobre las políticas o sus efectos.

La democracia representativa, entre otras cuestiones tiene como fundamento la rendición de cuentas. Desde esta perspectiva se presentan las elecciones periódicas como el instrumento del que dispone la ciudadanía para exigir responsabilidades a los gobiernos sobre sus políticas, cumplimientos, incumplimientos, etc. Existen dos perspectivas que analizan qué juzga la ciudadanía: si las políticas o los efectos. Pero para juzgar cualquiera de los dos conceptos es preciso analizar la forma del gobierno, pues de lo contrario el objetivo de la asignación de responsabilidades, positivas y negativas, con su premio y su castigo, será muy difícil. Igualmente, la variable referente a los factores exogenos a la propia acción política debe valorarse, sobre todo respecto a las estrategias justificativas, un terreno en el que vemos como en demasiadas ocasiones los políticos intentan construir relatos y estrategias discursivas con el objetivo de evitar la rendición de cuentas. Pero, no está tan claro que juzgar políticas sea sinónimo de asignar responsabilidades.

Respecto a la forma de los gobiernos, podríamos considerar que es más fácil para asignar responsabilidades es un gobierno mayoritario monocolor, pues al centrar la totalidad de recursos en un único actor, podría parecer más sencillo. En gobiernos minoritarios de coalición, la asignación puede diluirse al ser diferentes actores los que se reparten los recursos . En éste último caso parecería que la única manera es la asignación de responsabilidades de forma colectiva, premiando o castigando a la coalición como si fuese un único actor. Pero, ¿realmente es así?. Factores como las estrategias comunicativa, el nivel de cumplimiento de los acuerdos comunes ( en caso de existir) e incluso el nivel de lealtad entre los coaligados ( el no poner en tela de juicio las decisiones ni denunciar las acciones u omisiones de otro socio), pueden definir un escenario donde, desde la dificultad, sí puedan asignarse responsabilidades.

Pero, la asignación de responsabilidades en un gobierno de coalición tiene su aspecto negativo: llegado el período electoral, ¿cuales van a ser los argumentos políticos de los diferentes actores para buscar el premio y evitar el castigo de los electores?. Aquí es donde entra otra cuestión troncal de la democracia: la representatividad, que al igual que la responsabilidad, se diluye en un discurso de lo colectivo donde los objetivos no declarados pero claramente explícitos se relacionan con el papel que cada uno de los actores persigue o desea. Podríamos utilizar la metáfora de la mesa: si ser tablero o ser simplemente una de las patas.

En el próximo texto, la representatividad, una cuestión que parece querer solaparse pero que es una de las esencias del sistema democrático y a través de la que se puede igualmente exigir un cierto nivel de responsabilidad sobre diferentes aspectos.

Para finalizar, mi opinión, siendo positiva sobre la pluralidad como reflejo consustancial de la sociedad, considero que una preservación mínima de la representatividad sería deseable para no vaciar nuestro sistema de contenido.

¿LA POLITICA DE PERSONAL, ES POLÍTICA?

Teniendo en cuenta solo la etimología de la palabra "decisión", la cuestión se plantea sencilla: decidir significa, ir descartando opciones hasta que nos quede una. En nuestra vida privada tomamos infinidad de decisiones, a veces de forma consciente pero otras no tanto ( quizá automaticamente). En abstracto, esto significa que existen alternativas para muchas de las acciones que realizamos: decidir tomar un café o no, esta o aquella ropa, etc. Esto significa que tenemos diferentes alternativas sobre las que podemos decidir.

Los ejemplos sencillos a los que anteriormente hice referencia, ponen de relieve dos elementos: la decisión implica, por un lado, un acto de voluntad, y por otro la existencia de alternativas. si no existe ese acto, y no existen alternativas, no hay decisión pese a la voluntad que se pueda tener, que no es más que un deseo o un interés.

Personalmente, lo que me interesa es el aspecto racional del acto de decidir en política y, en concreto, en relación a las políticas públicas. Y en éste interés coincido con lo que expresa Bobbio (1996): el acto de decidir, considera en si y por si, es de escaso interés analítico.

He planteado que el proceso de decisión implica una voluntad y la existencia de alternativas, pero me gustaría añadir otro elemento que considero importante: el proceso a través del cual se llega a la elección de una u otra alternativa, como proceso de acciones y decisiones que determinan finalmente la decisión política.

Estudiar un proceso de decisión supone analizar los mecanismos a través de los que se "decide decidir", las alternativas y el resultado final que, por otro lado también puede ser "decidir no decidir". Y esto, me lleva a un nuevo elemento: la decisión política debe conllevar una potencial transformación en el aspecto de que se trate.

A menudo, las decisiones vienen condicionadas por los medios de que se dispone, aunque no siempre es tan sencillo. Hay que ir más allá, pues la decisión puede tener más que ver con objetivos deseados que con los medios. El dilema de si la elección se debe a los medios o a los fines es algo que en política podríamos considerar crucial.

Otra cuestión de una decisión política son las consecuencias, directas o indirectas, reales o potenciales sobre lo colectivo algo que requiere un análisis concreto y claro, pues cuando hablamos de políticas públicas, hablamos siempre de "ganadores y perdedores" ya sea material o simbólicamente, algo que se debe considerar en su aspecto más empírico: la necesidad sobre la oportunidad.

Política pública es, como definición de manual, "el conjunto de acciones y decisiones llevadas a cabo por diversos actores con la finalidad de resolver un problema definido políticamente como público". Y, en éste contexto, ¿la política de personal, como la podemos considerar; como deberíamos analizarla?. Es necesario tener en cuenta que el capítulo 1 (personal) es uno de los más importante en las cuentas municipales. Si a éste capítulo sumamos unos condicionantes legales que limitan subidas salariales, ¿ como se debe interpretar el objetivo de integrar en los conceptos retributivos fijos uno variable "concedido" subjetivamente?, ¿como deberíamos valorar que los servicios extraordinarios se hayan incrementado exponencialmente superando en mucho el uno por ciento que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado como límite. Si además tenemos la opinión de un experto en derecho administrativo que indicó en su día la imposibilidad de incrementar complementos fijos, apuntando incluso la necesidad de bajarlos en los niveles más altos de la estructura administrativa local,¿ en qué contexto nos encontramos?, ¿cómo se conjuga voluntad con realidad y, sobre todo, con responsabilidad?.

La voluntad es un deseo que puede tener en política lecturas éticas diversas: si destinar más fondos a una partida que a otra, prioridades sobre necesidades, intereses particulares sobre colectivos, etc. Y, evidentemente el representante público electo tiene la legitimidad de tomar la decisión que considere pero, en el contexto de desafección en el que nos encontramos, donde la política no parece ser la solución para resolver los problemas sino un problema más, el representante tiene una obligación igualmente ética: explicar porqué toma decisiones que afectan, directa o indirectamente a lo colectivo. Y las decisión sobre ignorar reparos legales, seguir instalado en la irregularidad, seguir potenciando partidas presupuestarias extras de gastos de personal, precisa una explicación , máxime si existe un objetivo absolutamente torticero expresado explicitamente en forma de "a ver si cuela".

En mi opinión uno de los objetivos que tenía la voluntad de cambio político expresada por la ciudadanía en las urnas fue el cambio. Pero la palabra cambio, no solo como recambio de personas, sino como decisiones que beneficiasen a una mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Y en éste aspecto parece que ha caído en el olvido el objetivo de poner a la administración al servicio de la ciudadanía, rompiendo inercias, no a través de una "admirable adaptación", sino de toma de decisiones que, evidentemente, siendo ingratas, aparentemente son necesarias si el cambio es real y no una mera metáfora retórica de un relato fundado únicamente sobre recursos simbólicos con objetivos electorales ( en los que, por cierto, unos tienen posiciones relevantes y otros aparentan ser meros acompañantes)

Y como cualquier critica, argumentada o no, parece ser merecedora del calificativo de "demogógica", cuando no de desleal e incluso de ir contra un gobierno progresista, simplemente decir que nada más conservador e incluso reaccionario que seguir con una inercia heredada de un gobierno que aplicaba la discreccionalidad en su gestión de los recursos burocráticos. Los gobiernos tienen la legitimidad que les da la ley, pero no disponen de una reserva de la misma a lo largo de todo un mandato, sino que deben ir ganándosela decisión a decisión, pues de lo contrario, ni las etiquetas simbólicas son lo suficientemente sólidas como para merecer una lealtad incondicional.

¿QUIÉN NOS REPRESENTA?

La pregunta no es retórica, ni encierra ningún sarcasmo. En todo caso, una sincera preocupación.

Las elecciones locales de 2015 carecieron de una lectura clara más allá de la posibilidad de situar al PP en la oposición. Y, siendo ese objetivo importante, demasiado pronto se pusieron de manifiesto las debilidades de un acuerdo multipartido. En mi opinión, la lectura que los partidos hicieron de los nuevos equilibrios políticos que participaron en la construcción de la coalición pecó de un carácter normativo: el mandato de las urnas para cambiar. Pero, lo que quedó en evidencia también demasiado pronto fueron las diferentes tácticas de los grupos, insisto, más allá del positivo objetivo de que el pp pasase a la oposición después de veinte años. Evidentemente todos se jugaban mucho al venir de una legislatura en la que, pese a ser mayoría la oposición, fue imposible lograr un acuerdo.

Creo que lo que subyacía en la opinión pública que se agregó (y disgregó) en las urnas fue, al igual que en en la Comunidad y en el Estado, un cuestionamiento de la representación como fundamento de nuestro sistema democrático. Hanna F Pitkin, en 1967 concreta esta idea como: representante como alguien que es responsable de dar respuesta a otros de lo que se hace. A esto se le conoce como la asignación de responsabilidades.

Con la aparición en escena del multipartidismo se producen dos hechos: la perdida por parte de la ciudadania de una parte de su capacidad para asignar responsabilidades, entendidas éstas como la capacidad de "castigar" a quien no cumple, ganado paralelamente capacidad de maniobra los dirigentes políticos. La unica solución para el multipartidismo es, o ceder el gobierno al más votado o sumar fuerzas en una coalición. La política de alianzas puede ( o no) mantener en el poder a los dirigentes pese a que la formación sea de alguna manera castigada ( siempre que el número de representantes prevea un mantenimiento mínimo) en las urnas, y es aquí donde los dirigentes ganan capacidad de maniobra para consolidarse, no como alternativa sino como parte de futuras coaliciones. Pero la política cambia, las opiniones cambian y los desequilibrios pueden volverse en contra de las estrategias, con una ciudadanía descreida y cada día más desafecta de la política.

¿Fue "voluntad popular" un acuerdo multipartidista?. La realidad es que la ciudadanía apostó por el diálogo frente a la gestión de un solo partido. Lo que si es cierto, y como decía pronto se puso de manifiesto fue que, ni las estrategias coincidían y que los "intereses generales" no eran los mismos ya que el documento de mínimos fue igualmente cuestionado pasando el documento acordado a un plano secundario frente a la gestión de lo cotidiano.

En mi opinión, el loable objetivo de superar dos décadas no venía acompañado de un proyecto político que conllevase un modelo de pueblo diferente y, por consiguiente, unas dinámicas de gestión diferentes basadas en la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, en la información y explicación. Esta ausencia de información y explicación ha "logrado" seguir alejando la política de la ciudadanía, o al menos de la mayoría.

Cuando se producen cambios, y el de mayo de 2015 era de la suficiente magnitud como para considerarlo casi una revolución democrática ( no solo se castiga a un partido que ha gobernado veinte años, creando relaciones clientelares social y administrativamente, sino que se opta por un conjunto de fuerzas para que, de forma conjunta, acuerden la forma del cambio), se producen oposiciones, no solo sociales, sino en la propia estructura burocrática que es la herramienta desde donde implementar las políticas. Y estas oposiciones solo se compensan con un proyecto, firmeza en la convicción del camino a seguir, y sobre todo, información y explicacion. La ciudadanía debe entender y, a ser posible, mayoritariamente compartir las políticas que se deciden, porqué se deciden y para qué. Un gobierno que explique, pero no de forma propagandistica, sino de forma sincera y directa ( medios, haberlos los hay) es fundamental para el principal cambio que se perseguía: una mejora en nuestra democracia local. Para ejercer el liderazgo, la mejor herramienta es la explicación y la información, pues convierte ( o devuelve) a la democracia su dimensión de rendición de cuentas, dándole un carácter deliberativo frente a la jerarquización que tanto desinterés y rechazo ha provocado.

En ausencia de las condiciones informativas y explicativas, se promueve ( no se si tácita o explicitamente, por acción u omisión) un debate de baja calidad, donde se da posibilidad a la demagogia y la desinformación, pero no por parte de los medios de comunicación, o de colectivos interesados en mantener su oposición, sino en ese gran número de personas que confió su voto al cambio. Victor Lapuente en su libro La Vuelta de los Chamanes, identifica una de las figuras que más daño pueden hacer a un gobierno, "los chamanes" en relación a la opinión pública, donde toda la argumentación se basa en grandes principios, objetivos grandilocuentes donde, bajo la pretensión de crear un "nuevo relato" compartido, lo que consigue es, en todo caso "fidelizar" a los adeptos más emotivos sobre la base de la irracionalidad partidaria, pero no a una población heterogénea que, pese a pecar de "silenciosa", tuvo la capacidad de revelarse con el mejor instrumento que la democracia representativa ha puesto en manos de la ciudadanía: el voto.

Con ésta reflexión simplemente pretendo humildemente advertir que, en democracia los equilibrios no son siempre duraderos y éstos pueden volverse contra las tácticas si la ciudadanía decide, por cansancio o hastío , retirar el apoyo a los actores del multipartidismo o simplemente volver a ser "silenciosos" frente a las urnas, lo que propiciaría un giro de ciento ochenta grados, o lo que es lo mismo, volver a la casilla de partida.

Creo que los partidos que todavía participan en el gobierno multipartido en minoría tienen sus estrategias de cara a ese futuro a medio plazo que son las elecciones locales de 2019:unas pasan por consolidar una coalición de facto interna, otras por una lealtad institucional loable pero poco práctica. Creo que es ha llegado el momento de que los partidos vuelvan a ser protagonistas, pues ese "equipo de gobierno" solo beneficia los intereses políticos de unos pero, humidemente, creo que va en contra de la esencia misma de la representatividad democrática.

DEL GOBIERNO DE COALICIÓN, A LAS ELECCIONES DE 2019

Nuestro sistema electoral, sin necesidad de modificar parlamentariamente las normas y condiciones, se ha transformado. No se si de forma permanente o únicamente coyunturalmente, aunque lo cierto es que ha sido la ciudadanía la que ha transformado un sistema mayoritario en un sistema, de facto, proporcional o de consenso.

En nuestro sistema bipartidista, con excepciones temporales, la hegemonía ha recaído en el ejecutivo, aunque ésta realidad se enfrenta con la "enmienda" popular: la necesidad o incluso el mandato de la negociación como forma de gobierno. Evidentemente, la durabilidad de ésta situación dependerá, no sólo de la voluntad de la ciudadanía en mantener "volátil" su decisión electoral, sino del comportamiento de los diferentes actores políticos, cuya tendencia, al ser la democracia un gobierno pro tempore, será volver a conseguir el apoyo mayoritario de sus electores, ya sea afianzándolos o desactivando la movilización del electorado contrario.

Pero quisiera centrarme en el fenómeno de la coalición como forma de gobierno que, como decía, temporalmente o no, sustituye al gobierno de un solo partido.

La teoría formalista sobre coaliciones se apoya en la hipótesis de que los "juegos" (teoría) coaligatorios son un juego de "suma cero": las ganancias y perdidas de los partidos coaligados deben ser las mismas para todos los participantes. ¿Esto es así?. En un sistema "presidencialista" como es la administración local, el partido del candidato que es designado para ostentar el cargo de Alcalde tiene atribuidas unas responsabilidades específicas y personales que dan un relativo margen de maniobra para construir o al menos intentarlo, un relato en torno a su figura que le ayude a conseguir un estatus superior al de sus socios. En el caso de nuestro municipio se añade la variable de referencia partidaria para valorar la estabilidad, o al menos, la durabilidad: la distancia de los intereses partidarios es la suficiente como para impedir cualquier otra variación sin el riesgo de caer en la demostrada (CDU-SPD) perniciosa "Gran Coalición" inter ideológica".

Las coaliciones gubernamentales pueden partir, del proceso mismo de confluencia institucional o de coaliciones electorales: pasar del terreno gubernamental al electoral a través del acuerdo, fusión e incluso absorción. En nuestro municipio tuvimos el caso de Bloc e Iniciativa, que en 2011 se presentaron por separado obteniendo, el Bloc-Coalició Compromis: 1259 votos (11,14%) e Iniciativa-Verds: 634 votos (5,61%). En éste caso, la "absorción" de la candidatura de Iniciativa por la del Bloc no propició los mismos beneficios : en 2015 la candidatura única de Compromís obtiene 1.470 votos ( 373 votos menos) y el 12,17%, lo que significa que la suma no fué cero para los coaligados (pese a obtener un punto porcentual más).

Siguiendo con la teoría formalista, en el caso de la actual coalición, se cumple el principio de "valor supremo" de la estabilidad gubernamental, pese a los desequilibrios iniciales en el seno de los distintos partidos que posteriormente originarían la coalición de gobierno que impidió a la derecha su continuidad. Cuando hablo de desequilibrios, me refiero a que según los postulados democráticos de la primacía de la mayoría, debieron ser los "mayoritarios" los que ostentasen la mayor representación pero ¿qué mayoría?, ¿la electoral, la de la representatividad o la que surge de la coincidencia entre dos de los partidos coaligados frente al partido más votado?. En el caso local, sí se produce esa coincidencia que propicia un desequilibrio inicial, compensado por la coherencia y el compromiso del actor perjudicado que pese a verse relegado, sigue manteniendo su apoyo de investidura. También hay que señalar que gracias, y es necesario recordarlo, a la "aportación" de otro de los actores que, siguiendo el vago principio de no decantarse, consiguió lo que realmente había añorado ideologicamente: relegar al PSPV-PSOE a "uno más".

Evidentemente el objetivo de una coalición es gobernar conjuntamente, pero creo que en un sistema representativo, donde los partidos son la expresión de la pluralidad de la sociedad, anular a una de las organizaciones participantes o autoanularse por una presunta lealtad institucional, va en detrimento de la misma democracia. La relevancia del programa común de máximos ( o de mínimos), el dialogo permanente, la comunicación, etc, no debería ni puede estar reñida con la conservación de la propia personalidad; de la propia imagen política, pues como decía anteriormente, la democracia es pro tempore, y los partidos políticos deberán ponerse ante la ciudadanía nuevamente para rendir cuentas y volver a pedir el apoyo, algo que se me antoja difícil dada la hegemonía adquirida por la figura presidencialista del Alcalde erigiéndose en portavoz único de una coalición plural, cosa que entiendo respecto al PdC, ya que gracias a éste partido consiguió el poder. Igualmente lo entiendo respecto al hoy concejal no adscrito, cuya única motivación era la de oposición a la derecha gobernante, pero no lo entiendo respecto al PSPV-PSOE, un partido que ha sido gobierno en nuestro municipio y cuyo objetivo debería ser volver a obtener el apoyo de la ciudadanía de forma mayoritaria, no por ser el partido que es, sino por tener soluciones progresistas para el futuro colectivo de nuestro pueblo.

INSTITUCIONALIZACIÓN

Este proceso, teóricamente debería partir, no de la voluntad del sujeto o sujetos, sino de un proceso coercitivo a través del cual las situaciones "informales" se transforman en funcionales pero, ¿para quíén?. Si nos referimos a la administración y a lo que a muchos cargos electos les ocurre, la conclusión es que se da una confusión entre el necesario conocimiento de los procedimientos y trámites con una adaptación a un medio que no es, ni el propio ni el adecuado pues las urnas designan a "altos funcionarios" sino a representantes de valores, ideas, intereses, ideologías, etc.

El proceso de adaptación que se produce parte del interés de los grupos que, dado su estatus orgánico, adquieren la posibilidad de ejercer algún tipo de coerción sobre los representantes electos: bloqueo, retraso, etc. a través de su actividad administrativa. Esta es otra forma de institucionalización forzada por la propia estructura.

Las opiniones tecnocráticas, osea, aquellas que consideran que la preparación de los representantes políticos no tienen la formación adecuada y, por consiguiente debería existir un filtro académico, olvidan que el conocimiento técnico no esta exento de ideología. Esto ocurre con las estructuras administrativas y técnicas: no están exentas de ideología. El o la técnico tiene la posibilidad de dirigir la acción política a través de su trabajo: permitir o no, interpretar la legislación en función no de las posibilidades en su aplicación sino de sus propios intereses o incluso creencias. La conclusión es que la "tecnocracia" no es aséptica, pues los que la aplican tienen intereses, creencias, etc. o lo que es lo mismo: los que vigilan que la ley se cumpla, los que deben velar porque las actuaciones se ajusten al procedimiento tienen la capacidad de "hacer política" a través de los representantes políticos, máxime si éstos se institucionalizan.

Tenemos dos ejemplos que pueden servirnos. El primero, el asunto sobre la sentencia que obliga al Ayuntamiento ( osea, a todos) a abonar 1,3 millones de euros a una empresa inmobiliaria a causa de una decisión adoptada en la Junta de Gobierno, en función ( como así afirma sin sonrojarse el portavoz del PP) de "informes técnicos". Igualmente, un informe técnico ha propiciado que se rechace la aprobación de un reglamento destinado al personal, no porque no se ajuste a ley ( la sindicatura de cuentas pedía su elaboración), sino por motivos diversos, entre ellos, proteger la actual percepción de las "productividades fijas y periódicas " (así las denomina la técnico que elabora el informe) frente a cualquier cambio. Podríamos seguir con informes técnicos que ha propiciado quiebras de convenios firmados, pago de indemnizaciones, etc. Entonces, ¿los informes técnicos no sirven para nada?. Al contrario: los informes técnicos son el fundamento de que la administración se ajuste a la legislación vigente, pero éstos, no son ni infalibles ni incuestionables: l fin y al cabo, los que los suscriben son personas, con vivencias, pulsiones, ideas y, por supuesto, ideología.

La cuestión es que, la ciudadanía no elige a los representantes políticos para que se "adapten" a una estructura que, por principios es conservadora. la elección se hace en base a un programa, a unas preferencias, a la defensa de unos intereses. Cuando se produce ( como en mi opinión, es el caso) un proceso de adaptación casi simbiótica, se pierde la perspectiva que la democracia atribuye al representante electo.

La reversión de ésta situación es un paso fundamental para el cambio de paradigma que la administración, sobre todo la local, precisa. El paradigma técnico y admnistrativo debe ser sustituido por el político: repolitizar las instituciones es un objetivo fundamental, pues seguir dejando el devenir de un pueblo en manos de una opinión técnica casi en exclusiva es vaciar de contenido la democracia y, en el caso de los gobierno de cambio, traicionar la voluntad de los que agregaron su voto para que la derecha saliese del gobierno.

PRODUCTIVIDAD.

"Santa wikipedia", dice de la prductividad:La productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. En el caso que nos ocupa, es difícilmente aplicable ya que estamos hablando de la administración pública, y por lo tanto los objetivos son, sobre el papel, la eficiencia en la prestación de servicios, la agilidad en la resolución de procedimientos administrativos, etc.

El concepto retributivo variable de la productividad viene recogido en diferentes leyes: la 30/84 de 2 de agosto, el Decreto ley 861/1986, el Estatuto Básico del Empleado Público, etc. Pero, aunque parezca paradógico no voy a analizar la percepción de ésta retribución en la administración local de nuestro municipio, sino el trasfondo político, que lo tiene.

El pasado 27 de julio, el Pleno municipal desestimó con los votos de toda la oposición y sólo el voto favorable del "equipo de gobierno" ( equipo de gobierno, que pese a la insistencia en que parezca una unidad, está compuesto por diferentes formaciones políticas, con diferentes programas y diferentes planteamientos que, en democracia, representan las diferentes opiniones, intereses y valores así como programas electorales). Sorprendentemente, quien inició el proceso de "desnaturalización" de éste complemento retributivo, el Partido Popular, votó de forma negativa a un reglamento que, en principio, venía a "poner orden" a un cierto desorden (creado inicialmente por ellos mismos). Ciudadanos y Esquerra Unida también votaron en contra, y el informe de intervención tuvo mucho que ver en la decisión ( sobre el informe, seguiremos hablando en próximos artículos, ya que merece un análisis pormenorizado y singular).

La cuestión es que,  la Sindicatura de Cuentas, en su informe sobre la gestión de 2015 apuntaba la necesidad de dotarse de un reglamento de productividad del que hasta ahora carece la administración local. Pero la Sindicatura no conoce la totalidad de los datos, pues si así fuera, su actuación y su exigencia habría sido otra bien diferente. Finalmente, el Alcalde reconoció de forma explícita que el objetivo era cumplir el requisito de la Sindicatura y no, como otros entendieron, "regularizar" la percepción del complemento de productividad.

Pero, ¿porqué, pese a la inexistencia de mayoría suficiente para su aprobación, el Alcalde, como único portavoz del gobierno municipal decidió que el punto se votaría?. He aquí la cuestión política que motiva ésta reflexión.

En mi humilde opinión, y pese a la retórica utilizada por el Alcalde en su "análisis" sobre el ecuador de la legislatura, la situación creada por el PP en 2007 no ha variado, al contrario: se ha multiplicado exponencialmente. Las "dinámicas" de las que habla el Alcalde, como uno de los "logros" de su gestión, no han variado, se han multiplicado. El PP en 2007 creó un problema, y el actual gobierno se ha dedicado, no solo a gestionar el problema sino a incrementarlo ( solo hay que ver la evolución de la partida destinada al complemento de productividad desde aquel año hasta la liquidación de 2016).

En un principio, la presión ( por ser correcto) de un grupo de funcionarios al Alcalde Juan Ramón Varó, propició, no solo nombramientos al margen del procedimiento establecido, sino la asignación de una cantidad fija, periódica y por grupos, algo que la normativa vigente impide explicitamente.

Como señalaba en un artículo anterior, la administración sufrió cambios importantes, siendo los de mayor calado los desarrollados entre 1985 y 1995, con el Secretario municipal Vicente Boix al frente de la estructura administrativa. La transformación de una administración pequeña, poco profesional en medios y recursos, y desajustada en el cumplimiento de las incipientes normas que nacían junto a la democracia, fueron un hecho, pero la llegada de la derecha al gobierno en 1995 propició un retroceso que junto al desproporcionado crecimiento de determinadas estructuras, condiciona en si la prestación de servicios de forma eficiente. La imagen que la ciudadanía sigue teniendo es que, el problema de éste pueblo, es la administración. La cuestión ahora es, ¿Cómo se soluciona ésto?, ¿Cómo se recupera el tiempo perdido en la modernización y adaptación de la administración a la sociedad a la que sirve?.

En un segundo artículo intentaré presentar datos, basados todos ellos tanto en las liquidaciones presupuestarias como en el informe de la Sindicatura y el último informe de Intervención para seguir aclarando una situación que, irremediablemente debe llevar a la administración hacia un punto de inflexión: seguir siendo el problema o intentar mejoras.

HAY QUE MORJARSE...

El Pleno municipal es el foro donde se debaten, con luz y taquigrafos ( con su acta correspondiente y, afortunadamente, en directo a través de internet) los asuntos de interés general. Es, el poder"legislativo" ( el Pleno municipal tiene potestades reglamentarias, por lo que de forma simple podría servirnos la figura para plantear el escenario de división de poderes) o con mayor ajuste a la realidad, el poder representativo de la totalidad de la ciudadanía. Aquí, el ejecutivo municipal tiene que jugar con su principal debilidad: la minoría. Por ejemplo, en la anterior sesión plenaria, el gobierno municipal retiró el Proyecto de explotación del complejo deportivo y piscina porque para su aprobación precisaba de mayoría absoluta. En la sesión ordinaria del 27 de julio, el punto se aprobó tirando de lo que podríamos llamar "ingeniería institucional". Para que todos lo podamos entender: el gobierno municipal en minoría llevó nuevamente el punto a la sesión plenaria y aprobó el proyecto con los votos del gobierno municipal ( 9) y dos votos "prestados" por el PP. Total, mayoría.

Por lo que se expuso en la sesión plenaria, el informe elaborado por una empresa externa ( 18.000 euros) plantea las condiciones mínimas, así como organizativas ( personal y sus remuneraciones) para iniciar la elaboración del pliego de condiciones para la explotación del complejo deportivo: un mínimo de 12 años ( según el pp la empresa precisaría de un período más largo para amortizar la inversión), 1.600 socios y una cuota media de 45 euros para unos gastos de aproximadamente 800.000. En el pleno se pudieron comprobar, no solo las dudas sobre el número de socios, o sobre la no inclusión de bonificaciones en el proyecto de explotación ( algo que, si se incluyen definitivamente en el pliego, incidirá en la cantidad total de ingresos sin lugar a dudas, por lo que se crea una nueva duda sobre su viabilidad), sino sobre el modo de gestión que ha sido el elegido por el gobierno municipal y, de forma explícita, por la gran mayoría del pleno excepto Esquerra Unida.

Sobre la forma de gestionar este o cualquier servicio público, existe el debate sobre lo público y lo privado. En éste debate existen experiencias municipales de gestión indirecta a través de empresas, consorcios, patronatos o empresas municipales, extremo que no ha sido valorado por los gestores públicos en éste caso. Igualmente, la gestión a través de la concesión administrativa tiene diversas formas: gestión por empresa privada, gestión privada condicionada a su carácter social ( cooperativas), etc. Como se puede ver existen diferentes concepciones para la gestión de lo público, aunque es necesario decir que, en éstos momentos, con las limitaciones legales impuestas por el estado (control presupuestario, limites en la tasa de reposición de jubilaciones y práctica imposibilidad de crear plazas parece ser que la única vía posible para la apertura de la instalación y así dejar de pagar el mantenimiento de una instalación cerrada es el concurso público.

Creo que la administración local ha pecado, una vez más, de falta de previsión al dejar la cuestión de la gestión para el último momento. Esto, aunque no lo parezca en principio, es un nuevo "legado" del PP, que se embarcó en una obra a todas luces desproporcionada para las posibilidades reales de nuestro Ayuntamiento, aunque hay que decir, que con la beneplácito de todos los representantes políticos que no plantearon, más que de forma teórica ( por parte de Esquerra Unida) la gestión pública sin concretar el cómo. Era necesario que al tiempo que se desarrollaba el proyecto, se hubiese acometido un estudio sobre la forma de gestionar la nueva instalación; sobre las necesidades de personal; los programas que se pondrían en marcha; la política de bonificaciones y sectores prioritarios. Y era necesario para así poder barajar diferentes alternativas a la gestión privada, que como todos sabemos, y es la lógica empresarial, busca beneficios económicos más allá de prestar un servicio.

Esperemos que la piscina e instalaciones anexas no supongan un nuevo agravio a las arcas municipales una vez abierta, al igual que otras instalaciones que solo funcionaron en la mente de algún político avalado por no se sabe que criterio técnico.

Existían alternativas, pero parece ser que la corporación no cree que más allá de la concesión administrativa hayan otras vías de gestión que garanticen, tanto cubrir mínimamente costos, como asegurar la prestación de un servicio de calidad, que en definitiva creo que es el objetivo.

LA ADMINISTRACIÓN (CUALQUIERA, PERO SOBRE TODO, LA NUESTRA)

La administración, así a lo bruto, nos presenta una imagen macro que engloba a todo el complejo entramado burocrático estatal, autonómico y local. Mi interés es analizar aunque sea de forma superficial, el desarrollo de la administración que más cerca tenemos y que, pese a los esfuerzos de muchos para presentarla como algo ajeno, ni lo es ni lo debe ser, pues es el instrumento más directo para que la política sea lo que la democracia necesita como revulsivo: más democracia.

Los "mayores" recordarán el Ayuntamiento franquista en nuestra localidad. Mínimo en sus servicios y reducido en sus medios. Arbitrario y poco profesional donde el estatus económico, social e incluso las creencias personales condicionaban el trato con la administración y, por consiguiente, la atención a los problemas y necesidades. Una administración que velaba por los intereses de los grupos pudientes sin ningún pudor al no existir normas legales que obligasen a un procedimiento justo. Esa administración "antigua", fue progresivamente sustituida por una administración más numerosa y profesional. El gran merito organizativo, en mi opinión hay que atribuirselo a la capacidad de un profesional que dirigió la secretaría municial en la década de los ochenta y mediados de los noventa: Vicente Boix. Catedrático de derecho administrativo y una persona con un compromiso inequívoco con el servicio público y, sobre todo, con la modernización de la administración. Aquel momento de cambio que propició la primera década de democracia impulsó la profesionalización y diversificación tanto del personal como de los servicios públicos: más infraestructura ( principalmente socio cultural y educativa), más profesionales de la administración y mayores recursos que colocaron a la administración local al nivel de otras administraciones.

Este recorrido histórico acaba practicamente en el inicio del gobierno de la derecha a mediados de los noventa del pasado siglo. No obstante, la consolidación del estado de derecho y de una administración donde los procedimientos y gestiones estaban plenamente institucionalizados impidió la quiebra de la estructura administrativa: se pasa de una organización racional a una actuación donde prima la irracionalidad. El ingente incremento de personal técnico al albur de la burbuja inmobiliaria, junto a la arbitrariedad en la concesión de remuneraciones complementarias sin criterio claro y de dudosa legalidad, transforman la incipiente ética del servicio público en un conjunto de reivindicaciones personales en conflicto desde un sentimiento ajeno a esa ética, donde se considera el servicio público como un mero empleo sin compromiso. Esta situación choca con el carácter general de una derecha que considera, genericamente, a la administración como un instrumento pesado y lento, necesitado de mecanismos empresariales para mejorar su funcionamiento. Únicamente en lo que respecta a la externalización de servicios se puede observar el carácter neoempresarial. Frente a ésta dinámica, no ha existido más que de forma retórica ( a las pruebas de los dos años de gobierno de coalición me remito) un discurso pero no una práctica neopública. No se ha cuestionado la clientelización ( cliente, en términos empresariales) de la administración, se sigue considerando (excepto en el discurso) al ciudadano como mero receptor de servicios y contribuyente, y la democracia, tal y como Shumpeter la definía como un "mero instrumento de selección" de personal político.

Ya en 1991 la OCDE en un reconocido informe afirmaba que existía un consenso en las democracias occidentales en torno a la idea de que había que avanzar hacia una "administración al servicio del público". Las administraciones debían ser receptivas: mayor accesibilidad, comprensibilidad y transparencia, así como mayor diligencia en la solución de problemas a través de políticas públicas diseñadas de forma participativa.

La necesidad de acercar la administración a su objeto ( que no es el procedimiento, sino la ciudadanía), a través de las nuevas tecnologías pero sobre todo, a través de una serie de códigos éticos positivos de obligado cumplimiento por el cuerpo administrativo, junto a la superación del paradigma neoliberal de "eficacia preheminente de lo privado frente a lo público", son algunos de los componentes del debate que se debería estar produciendo en el ámbito de las administraciones, pero sobre todo y por lo que nos afecta, en nuestro Ayuntamiento. ¿Porqué?. Simple y llanamente porque así lo expresaron una mayoría plural de ciudadanos y ciudadanas en las urnas. ¿Lo hemos olvidado?

EXIGENCIAS DEL GUIÓN

Aunque en apariencia la actuación del actual gobierno en minoría parezca una mera continuación ( con sus aciertos y errores) de lo que ya se venía realizando, creo que existe un guión; un objetivo tácito al menos en algunos de sus actores. Mi intención no es juzgar esas intenciones, sino simplemente plantear una hipótesis basada en la mera observación.

Como ya he planteado en algún momento y lugar, el hecho inicial de que la formación política a la que electoralmente le correspondía liderar el nuevo gobierno de coalición que emanó de las urnas en mayo de 2015 fue un anacronismo. Bien es cierto que las diferencias en número de votos no fue tanta, pero en otros municipios este hecho, por insignificante que pueda parecer, si supuso un elemento que se tuvo en cuenta a la hora de estructurar los nuevos gobiernos municipales plurales y de coalición. Este hecho parte, en mi opinión de dos factores. En primer lugar, de un sentimiento anti PSOE subyacente en los potenciales socios, y en segundo, aunque unido al primero, la necesidad de sumar los suficientes apoyos frente al PSOE para lograr lo que jamás se había podido imaginar: obtener el poder municipal ( y cuando hablo de poder no me refiero solo al gobierno, sino a la figura simbólica, política y administrativa con mayor poder: la Alcaldía).

Efectivamente esta conjunción de intereses se dio, y contó con la aceptación explícita de dos actores. Uno ( Esquerra Unida) que se unió al acuerdo interno anti PSOE tanto por convicción histórica como por un cierto "buenismo" ( no romper el acuerdo respetando una mayoría interna). El otro actor fue el PSOE, que tras unos resultados claramente desilusionantes y pese a ser la segunda formación política, no podía impedir la formación de un gobierno alternativo, pues esto hubiera supuesto el definitivo punto de inflexión en su retroceso electoral.

Las exigencias del guión, básicamente dispuestas por dos de los socios ( que también lo son a nivel nacional y autonómico: Compromís y Podemos, con su marca blanca local), requería igualmente dos cuestiones. La primera, prescindir de un socio "incómodo" como era Esquerra Unida. Y la segunda, aunque incomprensible dadas las nuevas e inevitables dinámicas negociadoras actuales, empujar a Ciudadanos hacia el PP. Con la primera, lograba hegemonizar el gobierno municipal del "cambio" basado más en el carácter personal de algunos de sus miembros que en una agenda política real. Con la segunda, y repito, a la vista de como se desarrollan los acontecimientos, incompresible en su momento, logra un objetivo que no se muy bien si se tenía previsto: arrinconar nuevamente a Esquerra Unida como elemento discordante "alejado de la realidad" y, por consiguiente, necesario pero prescincible.

El papel secundario le correspondió a un PSOE desdibujado electoralmente que tenía ( y tiene) la necesidad, por un lado, se coherente con el acuerdo de investidura, y por otro, demostrar que no solo tenía la disposición de apoyar desde la oposición, sino el compromiso de asumir responsabilidades. en mi opinión ( quizá poco objetiva, claro) quien ha demostrado su compromiso con el cambio ha sido el PSOE. La cuestión, al margen de esa muestra clara de compromiso, es la, en mi opinión, necesidad de recuperar al PSOE como una alternativa viable y posible, para lo que se requeriría, siguiendo con la lealtad al acuerdo de investidura, un esfuerzo por concretar las políticas propuestas por los socialistas, una apertura hacia la sociedad rompiendo la institucionalización sufrida por sus socios, una apuesta por la democracia y la transparencia y, definitivamente, un plan de comunicación que propicie una visibilización más clara y concreta, tanto del papel de la organización como de las personas que la representan más allá de las responsabilidades de gestión: en el ámbito político y social.

Y evitar esto, forma igualmente parte de ese guión establecido donde el protagonismo es para el "líder" del gobierno de coalición ( gobierno de coalición que el se ocupa de vender como unitario y no partidario, como si esto último fuera un demérito en un sistema de democracia plural). Por lo que la dificultad se convierte en problema: cómo hacerlo (por parte de los y las socialistas) sin ser acusados de desleales y, por lo tanto ( y en ese discurso de la post política, de casi "quintacolumnistas") acusados de ser quien entregue el gobierno nuevamente a la derecha.

Sobre el acercamiento a Ciudadanos, simplemente expresar mi sorpresa. Las relaciones con esta formación nacida en las elecciones de 2015 había sido algo más que truculenta. No obstante, y pese a que personalmente consideraba que la estrategia política estaba basada únicamente en el personalismo ( fundamento tanto de la expulsión de Esquerra Unida como del cese, por ejemplo, de la asesora del otrora concejal de Democrates y hoy miembro de los no adscritos), se me ha demostrado que no; que existe igualmente una estrategia, aunque no creo que se trate de reconocer que, siendo la nueva derecha, una forma de desmontar a la vieja es dar relevancia a una organización que, aunque pese, representa a un número mayor de ciudadanos y ciudadanas que, por ejemplo, individualmente Compromís o Podemos, con su marca blanca local.

Y termino. Mi preocupación, al margen de observar que la retórica vacía, material imprescindible en la construcción de un relato partidario, ha sustituido a la acción política, a la planificación, a la elaboración de una agenda claramente diferenciadora del nuevo período, es ver que el partido en el que milito no parece valorar su papel, no ahora, no en la actual coyuntura, sino en un medio plazo, en el que irremediablemente tendremos que ponernos ante la ciudadanía...¿Con qué argumentos?, ¿la lealtad a un acuerdo?. Creo que nuestra historia, nuestros valores y principios y, por ende, nuestra organización tiene un papel todavía importante como para dejar que otros, sin programa, sin propuestas y con un alto grado de ambición, vengan a apropiarse de un espacio que hemos ocupado por nuestras ideas y nuestro trabajo. Es cierto que las circunstancias generales y locales sumadas han dado como resultado una perdida de confianza por parte de la ciudadanía, pero una posición de izquierda moderada, respetuosa con la institución, dialogante y posibilista es hoy más necesaria que nunca, si no, tiempo al tiempo.

LA FORMA "A 38"

No puedo evitarlo: soy fan de Asteris y Obelix. Los aguerridos galos que resisten al imperio romano en un pequeño rincón de la Galia, se enfrentan a doce pruebas pensadas por Julio Cesar para evaluar si son o no dioses. En esta película, que fue estrenada en 1976 en Francia (René Goscinny y Albert Uderzo) , en su prueba número ocho, se presenta a los dos famosos galos, el reto de conseguir (como dicen) "un mero trámite administrativo" en una administración romana. Aconsejo su visualización para así poder comprobar el nivel de coincidencia que muchos y muchas puedan tener con lo que se expone en el capítulo citado.

La cuestión es que, aparentemente, la administración ha cambiado poco o muy poco respecto a la que se presenta en la famosa película de dibujos animados. La burocracia, fruto de la transformación legal racional de la vieja, poco profesional y discrecional administración supone, en el contexto de principio de siglo, un avance de gran importancia. Pero las cosas han cambiado. La dinámica de la sociedad ha superado la racionalidad administrativa y, de forma mayoritaria pide, de forma tácita o explícita otra forma donde las personas sean tratadas como tal y no como meros números. Esta transformación a la que me refería respecto a la vieja (poco profesional y discrecional) administración, se retrasa en nuestro país "gracias" al franquismo. Con la transición a la democracia, uno de los principales retos es la modernización de una estructura administrativa creada de forma deliberada para no gestionar y para defender los intereses de los poderosos y adeptos a la dictadura. Se produce la "revolución" (que M.Weber definió como parte del poder legal racional) en la administración pero las carencias siguen siendo importantes pese al esfuerzo, tanto en profesionalización como en normas, reglamentos y leyes que igualaban sobre el papel a cualquier ciudadano.

En nuestro pueblo, la transformación de aquella vieja administración franquista corresponde a las primeras corporaciones democráticas. Es necesario resaltar que la administración dirigida por el PSOE ( con un lapsus de cuatro años del PSI) asumió el enorme reto de modernizar una administración atrasada y en absoluto en consonancia con el desarrollo socio económico y cultura de El Campello. Y no solo el esfuerzo de modernización, sino en la dotación de infraestructuras y la multiplicación de servicios.

La llegada, en el año 95 de la derecha al poder, supuso ( en mi opinión) un importante "impulso" cuantitativo a la administración, pero por su nivel superior. El número de técnicos se multiplicó, se creó la figura de los asesores, etc. Pero un hecho fue relevante: la administración municipal, dirigida hasta esa etapa por la carismática figura de Vicente Boix ( artífice de la definitiva adaptación de la administración local a los tiempos, con un escrupuloso respeto a la ley) fue, y voy a decirlo sin tapujos, subvertida: se puso a disposición de los intereses del partido gobernante.

No voy a extenderme en el cómo, pero los resultados están ahí ( creación de élites internas definidas por nuevos estatus económicos de dudosa legalidad, incremento exponencial de los servicios extraordinarios en detrimento del empleo público directo o indirecto, obras, convenios y acuerdos que a día de hoy todavía se está pendiente de conocer el impacto que las "indemnizaciones" tendrán para las arcas municipales, etc).

El principal reto con el que, sobre el papel, se iba a encontrar la nueva corporación era reajustar la administración a los nuevos y más exigentes tiempos. Desmontar el entramado burocrático-político, normalizar y adecuar la administración a las exigencias de mayor transparencia y democracia, en definitiva, acercar la administración a una ciudadanía cuya visión de la misma era meramente recaudatoria. Pero el balance, pese al optimismo del Alcalde actual, es poco esperanzador. Cuanto éste habla de "cambio de dinámicas" la pregunta que se suscita inmediatamente es: ¿a qué dinámicas se refiere y cuales han sido los cambios?. Las élites siguen existiendo, el sentimiento de la ciudadanía sigue siendo esa visión de mero instrumento recaudatorio, una parte de los fondos que pudieran emplearse en crear bienestar siguen empleándose en servicios que, más allá de lo extraordinario son estructurales, etc. Entonces, ¿a qué tipo de dinámicas se refiere el Sr. Alcalde?.

Demasiados "tics" se siguen repitiendo como para vender una agenda claramente continuista, donde la capacidad de adaptación ( a la que también se refiere el Sr. Alcalde) de los cargos políticos ha sido en la línea de una "institucionalización" que les ha separado de aquellos elevados objetivos que dijeron defender en la campaña previa a las elecciones de mayo de 2015 y que la ciudadanía apoyó en espera de un cambio que no ha llegado.

¿Y, EN 2019 QUÉ?

Las manifestaciones realizadas por el Sr. Alcalde de El Campello sobre el alto nivel de acuerdo en el gobierno plural es una buena noticia. La cuestión es, no ya el nivel de acuerdo, sino en qué se está de acuerdo, algo que, al menos la ciudadanía no tiene del todo claro. Pero la cuestión que me gustaría abordar no es el contenido, sino el continente.

El marco conceptual, en nuestra democracia, lo establece la Constitución del 78, que en su artículo 6 expresa que "los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y son instrumento fundamental para la participación política".Puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto: en una comunidad organizada, se dan diversidades ideológicas, de intereses y valores, diversidad que, en nuestro marco institucional basado en la soberanía popular y la libre competencia electoral se expresa y refleja en las personas que representan a la sociedad. De nuevo, parece obvio que son los partidos políticos los que transforman el pluralismo social en pluralismo político, y los que, en su condición de mediadores entre la sociedad civil y el Estado, tienen la obligación de expresar el pluralismo político en las instituciones. De ahí que, congratulándome del nivel de acuerdo, me preocupa ese relato sobre una "superación" de la acción de los partidos como hecho relevante que da, respecto a otros gobiernos plurales, un carácter diferenciador.

No se puede practicar la comparación con otros gobierno de coalición o plurales ya que en éstos gobiernos, la lógica electoral primó sobre el interés partidario, algo que no ocurrió en el caso de El Campello dada la unidad de acción anti PSOE que privó a la segunda opción electoral del protagonismo que la ciudadanía expresó en las urnas ( escaso el margen, pero existente).

El intento , a través de poner en valor el nivel de consenso, de "anular" a los partidos participantes tiene, en mi opinión, su origen en un claro intento de hegemonizar la imagen del actual gobierno por parte de la cuarta fuerza política en las elecciones de mayo de 2015.

Dentro de aproximadamente dos años, los diferentes partidos tendrán que presentarse ante la ciudadanía para ser evaluados en el cumplimiento de sus compromisos. Evidentemente, la estabilidad es un elemento a poner de relieve pero, ¿ y los compromisos que los partidos plantearon en la campaña electoral?.

El actual escenario municipal, en cuanto al gobierno se refiere presenta unos rasgos que deben ser analizados en el contexto de un gobierno en minoría donde dos partidos presentan una confluencia expresa: Compromís y Podemos ( en el caso del El Campello PDC). Demócrates ha quedado invalidado como opción política jugando, en todo caso, un mero papel individual de sustento del actual gobierno. Por otro lado está la formación que fue soporte de la investidura y que fue excluida del gobierno municipal ( EUPV) la cual, pese a que en el ámbito autonómico y estatal, forma parte de una confluencia de partidos, en el local no parece que vaya a ser así. Por último, el caso del PSPV-PSOE, que pese a quedar excluido, siendo la segunda fuerza electoral, del protagonismo que la ciudadanía expresó en las urnas, apoyó durante más de un año al gobierno en minoría, demostrando un claro compromiso, más allá de intereses partidistas, con el proceso de cambio. Su decisión de participar activamente en el gobierno demuestra, no solo ese compromiso, sino un paso más allá para con la estabilidad del gobierno. No obstante, este hecho incuestionable que pone de relieve, como decía, el compromiso con el cambio, no fue suficientemente explicado, máxime si consideramos que no se produjo un retorno al acuerdo original de Esquerra Unida, lo que habría tenido sentido al recuperar la mayoría institucional.

La dificultad en la que se encuentra el PSPV-PSOE es dilucidar si, además de la estabilidad, tiene algo más que decir como organización política que ha gobernado éste municipio con mayoría absoluta y que sigue siendo una opción relevante para una parte de la ciudadanía. La pregunta sería, ¿quiere seguir siéndolo?. Si la "institucionalización" (nueva institucionalización con repetición de tics y actitudes) no se ve compensada con una clara apuesta por sacar adelante el programa electoral, con lealtad al consenso pero sin renuncia a las propuestas propias, y un esfuerzo porque su aportación se visualice, el PSPV-PSOE tendrá un complicado futuro: o ser muleta o ser protagonista activo.

DECISION POLÍTICA

   Una decisión política va a costar a las arcas municipales 1,3 millones de euros. La decisión del gobierno del PP, defendida por su portavoz, se basó en informes técnicos, decisión que ahora los tribunales han fallado, condenando al Ayuntamiento, o lo que es lo mismo, a todos y todas los y las campelleros y campelleras, a destinar más de un millón de euros a indemnizar a una empresa que supuestamente tenía que ceder el parque central como compensación por la urbanización de la UA13.
   Esa cuestión pone de relieve la preponderancia en la toma de decisiones, de los diferentes departamentos técnicos. Y esa preponderancia es la que, en éste ( y en otro casos que vendrán, como es el asunto del parking de la Avda Els Furs) va a costar un dinero que podría destinarse a otras políticas. La cuestión es que, como no puede ni debe ser de otra manera, la actividad política está sujeta al cumplimiento de la ley, y ahí es donde los diferentes departamentos técnicos tienen su cometido principal. No obstante hay una cuestión que debería provocar una reflexión: los técnicos son personas con un bagaje cultural pero también ideológico, que pueden estar tentados de, en vez de realizar una labor puramente técnica, abstrayéndose de orientar ideológicamente su criterio, exponerla en los informes ya sea de forma tácita o explícita. Y ahí es donde entra la política.
   El hecho no es una cuestión menor y debe suponer un análisis por parte de los representantes públicos sobre la definición y el carácter de la administración, no como fín en si  misma, sino como medio para mejorar ( no gestionar solo) la vida de la ciudadanía.
   El proceso de transformación que la administración pública sufrió a lo largo del siglo 20 estuvo marcada por la burocratización como proceso racional de superar la discrecionalidad de una administración antigua y poco profesionalizada. Pero la administración pública de corte tradicional burocrática se ha alejado de su principal función en una sociedad cada vez más exigente, principalmente con los representantes públicos. Por lo tanto, es necesario revisar la tecnocratización de la administración que condiciona, no solo legalmente sino políticamente la toma de decisiones e iniciar una transformación donde las personas dejen de ser meros contribuyentes y avancen en ciudadanía: la administración tradicional consiguió superar la discrecionalidad de una administración antigua más preocupada por contentar a determinados sectores en función de su estatus económico, logrando una indiscreccionalidad donde era indiferente la procedencia de las personas pues todas estaban sujetas al mismo proceso administrativo ( basado en la ley). Pero el "no conocer el nombre" de las personas fue positivo, pero hoy es una demanda de la ciudadanía: que la administración me atienda sabiendo quien soy, que quiero y que necesito. Y en esta nueva situación, la democratización de la administración, facilitando el acceso a colectivos y nuevos actores en la toma de decisiones debe ir acompañada de una pluralidad de opciones no definidas por una sola decisión técnica: la adecuación de esa ecuación debería ser, principalmente basada en el problema y las soluciones consensuadas entre agentes sociales, representantes públicos y, como es el caso, entidades privadas ( ¿porqué no se negoció con la empresa urbanizadora para resolver las deficiencias y se atendió únicamente a un informe técnico?)
   Quizá esas "dinámicas" que el Sr. Alcalde dice haber cambiado, no han variado tanto, siendo las mismas instituidas bajo el mandato del partido popular: clientelismo basado en prebendas económicas. Quizá no han cambiado tanto y se precisa un estudio de mayor profundidad y contenido que realmente analice cómo es la administración y hacia donde quiere ir. Quizá éste esfuerzo, que aunque políticamente no es un argumento inmediato para pedir el voto, sea un acto de responsabilidad necesario que a medio y largo plazo evitará que se produzcan situaciones como ésta.
   Por último, simplemente plantear la necesidad de iniciar un proceso de investigación siguiendo el procedimiento administrativo: abrir un expediente para dilucidar quién y qué responsabilidad recae sobre políticos y técnicos. Pagar es una obligación establecida por un tribunal, pero la responsabilidad de saber porqué se tomó y quién la incentivó es algo sobre lo que no puede pasarse sin más.

TOTUM REVOLUTUM

         Según el Alcalde de El Campello ( Compromís, cuarta formación política en las elecciones municipales de mayo de 2015), uno de los valores del gobierno municipal es que "  hemos sabido dejar a un lado las acciones partidistas por tener una visión común en la que todos los partidos estamos de acuerdo en un 90%." Estas manifestaciones pueden ser leídas en función de diferentes variables, pero no debemos olvidar que una de ellas, independiente de la voluntad del Sr. Alcalde es, que nuestro sistema democrático tiene su fundamento en los partidos políticos, y éstos, dentro de poco más de dos años tendrán que volver a ponerse ante los votantes para ser evaluados.

         Evidentemente, lo que supongo que el Sr. Alcalde desea resaltar es ese alto porcentaje de acuerdo, aunque ante esto, una cuestión de orden: ¿acuerdo, sobre qué?. No es una pregunta capciosa, lo aseguro. Únicamente tiene una intención explicativa: cuales son las políticas sobre las que se está de acuerdo, cual es el contenido de esa agenda que resume ese alto nivel de consenso.

         La cuestión es que, como decía, en  2019 los diferentes partidos tendrán que ser evaluados por la ciudadanía y, evidentemente, el presunto relato de unidad perderá consistencia, pues la lógica electoral indica que, a excepción de Compromís y Podemos ( o su marca electoral en El Campello: PDC) que aparentemente concurrirán en coalición, y del extinto Democrates-Els Verds, que han desaparido como tal, al pasar su único concejal al grupo de no adscritos, tanto el PSPV-PSOE como EUPV se presentarán de forma autónoma. Respecto a EUPV podrían existir ciertas dudas en el ámbito local, aunque no en el autonómico. En el local, las relaciones se rompieron al salir ( o ser expulsado más bien) del acuerdo que propició la investidura, y no se observan indicios de que pueda recuperarse la participación de Esquerra Unida en el gobierno ( participación que el Sr. Alcalde cierra al afirmar que: " decir que el equipo de gobierno nunca ha cerrado las puertas a Esquerra Unida. Ya no para entrar a formar parte del equipo de gobierno sino para temas puntuales.). Respecto al PSPV-PSOE, y poniendo en valor su participación en el gobierno en minoría, apuntar que la dificultad que se tendrá para presentarse como un elemento relevante en el gobierno es, hoy por hoy, de difícil visualización dada la hegemonía construida en torno a la figura del primer regidor de Compromis. Y ésta cuestión debiera ser un motivo de preocupación, no dentro de dos años, sino desde ayer.
         No debemos olvidar que el PSPV-PSOE gobernó El Campello hasta 1995, comicios en los que se inició un declive que les ha llevado a ser la segunda fuerza política exequo con Ciudadanos y Compromís ( dos puntos arriba o abajo pero con el mismo número de representantes) .
         En 1991 el PSPV-PSOE obtuvo el apoyo de un 45,35% de electorado; en 1995, y en 2015 solo el 14,59%:  un descenso de más del 30%. Evidentemente, los datos fríos no recogen la crisis que el PSPV-PSOE sufrió en 2011 con la escisión encabezada por su anterior secretaria general, que más tarde acabó gobernando en coalición con el PP. Igualmente se deben comparar los datos con la disminución exponencial de apoyo que el PSOE ha ido sufriendo desde prácticamente el mismo período, e igualmente, es necesario contar con las variables que definen un radical cambio de la sociedad respecto a la política.
         El voto socialdemócrata ha envejecido, y el partido, a nivel general no ha tenido la capacidad de reacción exigible para adecuarse a los cambios sociales. La generación de ciudadanos que David de Miguel define como la generación "reformista" es una generación cansada, y las nuevas generaciones ( definidos por éste autor como "ciudadanos nuevos": generación del euro, de la globalización, de las redes sociales...) no confían en un partido que nada les aporta.
         Por todo ello, y por la falta de una visualización clara, tanto del trabajo, como de las aportaciones políticas en cumplimento, tanto de los acuerdos de gobierno como de los recogidos en el programa electoral son una prioridad a resolver.
         Personalmente, considero que el "relato" sobre la unidad; sobre el altísimo nivel de acuerdo, no beneficia más que al emisor del mensaje cuyo objetivo, más allá de consolidar un programa de gobierno pretende consolidar un estatus obtenido de forma sorpresiva.
        Evidentemente, la visualización no supone una ruptura ni una revisión de la participación en el gobierno municipal ( por otro lado necesaria), pero si la concreción de un papel de mayor relevancia en el escenario político, y ello requiere no solo la voluntad, sino un plan de comunicación eficaz, una apertura ( o reapertura) hacia la sociedad de los debates internos, y el equilibrio entre las obligaciones institucionales y las políticas. De lo contrario, la ya desdibujada imagen únicamente tendrá como solución la resignación a la marginalidad.

MORAL Y ÉTICA: UN CASO PRACTICO

El sentido común, ese conjunto de normas y costumbres que interiorizamos como "lo normal" o lo habitual, nos lleva a poner en un mismo plano la ética y a moral como algo sinónimo. Y, pese a la relación que existe, deberíamos no confundir los conceptos, tanto desde un punto de vista conceptual como epistemológico.

La ética es una rama de la filosofía que estudia, sistematizando, los conceptos del bien y el mal y otros relacionados. Definir, de forma racional qué constituye un acto virtuoso independientemente de la cultura en el que se produzca. La ética es prescriptiva con respecto a los patrones de conducta que deben seguir las personas.

La ética tiene mucho que ver con la Grecia de Platón y Aristóteles, los estoicos y los epicúros, pero la concepción que ha llegado a nuestros días tiene más de Descartes, Hume o Kant.

La moral tiene más que ver con la funcionalidad de una sociedad, donde las normas, su conformidad de forma tácita o explícita. La moral surgió como una consecuencia natural de la organización de los seres humanos en grupos. Al complejizarse las sociedades, las normas de interacción que las estructuraban se fueron transformando progresivamente en reglas morales y en leyes explícitas, especialmente con la aparición de la escritura. Las religiones ( en plural) han tenido una gran relevancia histórica en el establecimiento de los códigos morales: el catolicismo,con sus movimientos reformistas en el centro y norte de Europa, el judaismo o el Corán han establecido su propia escala moral como norma unificadora de conductas funcionales.

Pero volvamos a la diferencia entre ética y moral. La ética es normativa: intenta definir los comportamientos correctos y no sólo los aceptados por una sociedad dada. Y en ésta diferencia, encontramos un valor clave: comportamiento correcto. Moralmente, a nadie le "chirría" que un político tome una decisión si ésta tiene que ver con algo pre establecido de antemano; si es una continuación incremental de lo que se venía haciendo. Pero si la decisión contradice ese "sentido común", las alarmas "morales" saltan: palabras como injusto, arbitrario, etc, suenan como argumento contra esa decisión. Pongamos un ejemplo.

Moralmente puede ser aceptable que en la administración se realicen horas extras pero, ¿si éstas se realizan al día siguiente de haber despedido a unos trabajadores por "falta de carga de trabajo", es ética ésta decisión?.

Si. todo el preambulo venía a cuento de una decisión que, aunque moralmente explicable; aunque funcional para una parte, es éticamente cuestionable. Y surge una segunda cuestión: ¿es compatible este funcionamiento ético con un discurso casi "revolucionario"?. Son preguntas a las que yo, evidentemente solo puedo dar una respuesta, aunque seguramente otros darán su versión. Mi respuesta es NO. Rotundamente no.

Por lo tanto, moralmente, puede que lo práctico sea aceptar que esas horas extras se realicen, pues alguien lo tiene que hacer ya que son tareas necesarias, aunque éticamente sea reprobable. Y ahí se ubica mi conflicto personal: los intereses legítimos frente a la solidaridad; las necesidades inmediatas frente a lo justo, las horas extras frente al reparto del empleo.
No me considero moralmente ni mejor ni peor que otros, pero si creo que éticamente hay diferencias claras entre lo que considero como aceptable y lo inaceptable. Y en el caso planteado me parece inaceptable e injustificable pues pese a los argumentos que puedan usarse para explicarlo, unas siglas no son más que una carcasa si no están rellenas de principios.
Por último la enésima contradicción: ¿es ético defender o justificar la inacción ante una situación como la descrita, bajo el argumento de "no ir contra los trabajadores"?. Moralmente puede ser, pero difícilmente puede justificarse desde un punto de vista ético, pues los que se reclaman ( nos reclamamos) de izquierdas, creemos en unos valores y principios absoluta y radicalmente contrapuestos a una practica que, pese a que pueda ser considerada "normal", no lo es en absoluto. Pero claro, todo está en función de las prioridades, valores y principios que inspiren los actos privados y públicos de cada cual.