Teniendo en cuenta solo la etimología de la palabra "decisión", la cuestión se plantea sencilla: decidir significa, ir descartando opciones hasta que nos quede una. En nuestra vida privada tomamos infinidad de decisiones, a veces de forma consciente pero otras no tanto ( quizá automaticamente). En abstracto, esto significa que existen alternativas para muchas de las acciones que realizamos: decidir tomar un café o no, esta o aquella ropa, etc. Esto significa que tenemos diferentes alternativas sobre las que podemos decidir.
Los
ejemplos sencillos a los que anteriormente hice referencia, ponen de
relieve dos elementos: la decisión implica, por un lado, un acto de
voluntad, y por otro la existencia de alternativas. si no existe ese
acto, y no existen alternativas, no hay decisión pese a la voluntad
que se pueda tener, que no es más que un deseo o un interés.
Personalmente,
lo que me interesa es el aspecto racional del acto de decidir en
política y, en concreto, en relación a las políticas públicas. Y
en éste interés coincido con lo que expresa Bobbio (1996): el acto
de decidir, considera en si y por si, es de escaso interés
analítico.
He
planteado que el proceso de decisión implica una voluntad y la
existencia de alternativas, pero me gustaría añadir otro elemento
que considero importante: el proceso a través del cual se llega a la
elección de una u otra alternativa, como proceso de acciones y
decisiones que determinan finalmente la decisión política.
Estudiar
un proceso de decisión supone analizar los mecanismos a través de
los que se "decide decidir", las alternativas y el
resultado final que, por otro lado también puede ser "decidir
no decidir". Y esto, me lleva a un nuevo elemento: la decisión
política debe conllevar una potencial transformación en el aspecto
de que se trate.
A
menudo, las decisiones vienen condicionadas por los medios de que se
dispone, aunque no siempre es tan sencillo. Hay que ir más allá,
pues la decisión puede tener más que ver con objetivos deseados que
con los medios. El dilema de si la elección se debe a los medios o a
los fines es algo que en política podríamos considerar crucial.
Otra
cuestión de una decisión política son las consecuencias, directas
o indirectas, reales o potenciales sobre lo colectivo algo que
requiere un análisis concreto y claro, pues cuando hablamos de
políticas públicas, hablamos siempre de "ganadores y
perdedores" ya sea material o simbólicamente, algo que se debe
considerar en su aspecto más empírico: la necesidad sobre la
oportunidad.
Política
pública es, como definición de manual, "el conjunto de
acciones y decisiones llevadas a cabo por diversos actores con la
finalidad de resolver un problema definido políticamente como
público". Y, en éste contexto, ¿la política de personal,
como la podemos considerar; como deberíamos analizarla?. Es
necesario tener en cuenta que el capítulo 1 (personal) es uno de
los más importante en las cuentas municipales. Si a éste capítulo
sumamos unos condicionantes legales que limitan subidas salariales, ¿
como se debe interpretar el objetivo de integrar en los conceptos
retributivos fijos uno variable "concedido"
subjetivamente?, ¿como deberíamos valorar que los servicios
extraordinarios se hayan incrementado exponencialmente superando en
mucho el uno por ciento que establece la Ley de Presupuestos
Generales del Estado como límite. Si además tenemos la opinión de
un experto en derecho administrativo que indicó en su día la
imposibilidad de incrementar complementos fijos, apuntando incluso la
necesidad de bajarlos en los niveles más altos de la estructura
administrativa local,¿ en qué contexto nos encontramos?, ¿cómo se
conjuga voluntad con realidad y, sobre todo, con responsabilidad?.
La
voluntad es un deseo que puede tener en política lecturas éticas
diversas: si destinar más fondos a una partida que a otra,
prioridades sobre necesidades, intereses particulares sobre
colectivos, etc. Y, evidentemente el representante público electo
tiene la legitimidad de tomar la decisión que considere pero, en el
contexto de desafección en el que nos encontramos, donde la política
no parece ser la solución para resolver los problemas sino un
problema más, el representante tiene una obligación igualmente
ética: explicar porqué toma decisiones que afectan, directa o
indirectamente a lo colectivo. Y las decisión sobre ignorar reparos
legales, seguir instalado en la irregularidad, seguir potenciando
partidas presupuestarias extras de gastos de personal, precisa una
explicación , máxime si existe un objetivo absolutamente torticero
expresado explicitamente en forma de "a ver si cuela".
En
mi opinión uno de los objetivos que tenía la voluntad de cambio
político expresada por la ciudadanía en las urnas fue el cambio.
Pero la palabra cambio, no solo como recambio de personas, sino como
decisiones que beneficiasen a una mayoría de ciudadanos y
ciudadanas. Y en éste aspecto parece que ha caído en el olvido el
objetivo de poner a la administración al servicio de la ciudadanía,
rompiendo inercias, no a través de una "admirable adaptación",
sino de toma de decisiones que, evidentemente, siendo ingratas,
aparentemente son necesarias si el cambio es real y no una mera
metáfora retórica de un relato fundado únicamente sobre recursos
simbólicos con objetivos electorales ( en los que, por cierto, unos
tienen posiciones relevantes y otros aparentan ser meros
acompañantes)
Y
como cualquier critica, argumentada o no, parece ser merecedora del
calificativo de "demogógica", cuando no de desleal e
incluso de ir contra un gobierno progresista, simplemente decir que
nada más conservador e incluso reaccionario que seguir con una
inercia heredada de un gobierno que aplicaba la discreccionalidad en
su gestión de los recursos burocráticos. Los gobiernos tienen la
legitimidad que les da la ley, pero no disponen de una reserva de la
misma a lo largo de todo un mandato, sino que deben ir ganándosela
decisión a decisión, pues de lo contrario, ni las etiquetas
simbólicas son lo suficientemente sólidas como para merecer una
lealtad incondicional.
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