sábado, 9 de junio de 2018

LA ADMINISTRACIÓN COMO PROBLEMA





El discurso político acostumbra a considerar de forma tácita que la ciudadanía es simplemente un grupo de inexpertos consumidores de servicios a los que pueden valer las justificaciones y, por lo tanto, para quien las explicaciones ( la rendición de cuentas) no son necesarias. Decía Albert Hirschman, que una democracia consigue legitimidad cuando las decisiones que se adoptan emanan de una completa y abierta deliberación entre sus grupos, órganos y representantes, algo que suena casi a broma si miramos la relación entre la ciudadanía y la administración local. De ahí que una gran parte de la ciudadanía se haya vuelto escéptica en relación con la actividad política, asumiendo el sistema de representación como una “carga” más que ha de sobrellevarse.
El utilitarismo de la política; el ejercicio reduccionista de limitar la democracia al mero ejercicio de seleccionar dirigentes cada cierto período de tiempo, no solo pervierte la relación entre la ciudadanía y los representantes políticos, sino que profundiza en el paradigma que parece seguir dominando en gran medida en la actividad de la administración: la ciudadanía rebajada al rol de consumidor de servicios. Y ahí, los movimientos políticos que pretendieron representar a una mayoría, han fallado estrepitosamente, convirtiéndose en una mala copia de los genuinos representantes de la gestión neoliberal en el ámbito local.
Personalmente, he intentado catalogar a la administración local en función de los rasgos conocidos y los marcos conceptuales que en la ciencia política se utilizan para el análisis. ¿Es una administración discrecional y por lo tanto tiene rasgos de la antigua administración?. No, porque el desarrollo del proceso de modernización que disfrutó nuestra administración local bajo la dirección del nunca suficientemente valorado y, por lo tanto, añorado Secretario municipal, D. Vicente Boix, situó una administración con pocos recursos, pocos profesionales y procedimientos no reglados en una administración moderna. ¿Correspondería por lo tanto encuadrar nuestra administración en el nivel de la administración tradicional racional-burocrática?. Evidentemente las normas y procedimientos reglados, la organización jerarquizada y la, en principio indiscrecionalidad, la situarían en ese estadio pero, ¿no existen rasgos o elementos que correspondan a ese nuevo paradigma que supuso la Nueva Gestión Pública?. Si. Los intentos ( solo intentos )de establecer vías de participación ciudadana ( en el período de 1991 a 1995 se pusieron en marcha los consejos sectoriales de deportes, cultura, juventud y turismo), junto con la externalización de servicios coinciden en parte con el paradigma neoliberal cuyo objetivo era ( y es) que la administración funcionase bajo criterios importados del mundo de la empresa pese las contradicciones organizativas y democráticas. Entonces, ¿donde encuadrar a nuestra administración?. A caballo entre la Administración burocrática y la nueva gestión, quizá. ¿Y ésto que significa?. Pues que, a pesar de la coincidencia en la existencia de rigidez de los procesos administrativos y la jerarquización burocrática, a pesar del uso de técnicas provenientes del mercado, si por algo podría definirse hoy nuestra administración es por ser un entramado dificilmente analizable. Y, ¿porqué esa casi obsesión por analizar y encuadrar?. Simplemente para entender: qué procesos, cómo se implementan, cual es la organización y porqué para poder valorar posibles mejoras no solo en la prestación de los servicios, sino en la forma en la que se toman las decisiones, por quién y para quién.
¿Y todo ese rollo, porqué? La administración, en mi opinión, se ha convertido en un problema para la propia administración. Es una administración burocrática que vive de espaldas a la ciudadanía y que, como una administración racional-burocrática, no mira a los ojos de la ciudadanía y como administración que sigue el paradigma de la Nueva Gestión, prioriza la externalización frente a la búsqueda de herramientas que incidan en la economía colaborativa y cooperativa como instrumento de gestión. Y además de eso, vive bordeado la legislación vigente, cuando no vulnerándola abiertamente, extremo que, pese a la condescendencia (complicidad, más bien) del actual gobierno con los responsables, cuesta miles o millones de euros a la ciudadanía; miles y millones de euros que deberían (que tendrían que) dedicarse a mejorar la vida de la ciudadanía. Casos como las indemnizaciones por incumplimientos legales para con los trabajadores públicos ( caso del 1%), como los del “olvido” en el pago de la seguridad social ( que acarreó una importante sanción), como los del informe encargado extraoficialmente por un concejal, como las indemnizaciones millonarias a empresas , como la anulación del Plan de Ordenación urbana, etc. Y todo ello, aderezado con un incremento exponencial desde 2007 de la partida de productividad y servicios extraordinarios que éste gobierno debería haber parado ( ¿solución a través de una RPT?,¿cómo?,¿consolidando productividades que vulneran la ley?) para así afrontar una profunda reforma de nuestra administración local.
El gobierno de coalición ha profundizado en la brecha entre administración y administrado que abrió el pp y que durante veinte años ha convertido una institución en camino de la modernidad en un entramado de intereses difícilmente explicables, y no digamos ya justificables. Y si: fue el PP el que remodeló la administración que el Secretario Vicent Boix tanto empeño puso en modernizar, poniéndola a su servicio y poniendo a la estructura política al servicio de determinados grupos internos de presión. Lo sorprendente y profundamente frustrante es que conociendo los grupos políticos el grave problema de la administración, su desorganización operativa y salarial, no se empeñasen en ordenarla y ponerla al servicio de la ciudadanía. Personalmente, de nada me sirven las retóricas declaraciones de estar “al servicio del pueblo” cuando la realidad es que es al contrario: el pueblo está al servicio de la administración. ¿Dónde podemos encontrar las diferencias que legítimamente creíamos que nos representasen?.
Creo que ésta legislatura ha fracasado por varias cuestiones, pero una, sin lugar a dudas, es el secuestro de la voluntad política por lobbies internos cuya única preocupación es mantener el estatu quo, dándole la espalda a esa promesa que todos y todas hicimos cuando tomamos posesión, incluidos los cargos públicos: cumplir el cargo, respetando las leyes. La cuestión, que he repetido en diferentes ocasiones se refiere a la legitimidad: ¿con qué legitimidad se exige el cumplimiento de la ley, si aparentemente el objetivo de la administración en bordearla en función objetivos que nada tiene que ver con mejorar el servicio a la ciudadanía?.
La administración tiene un problema: la propia administración. Y urge, tanto una concienciación política como ciudadana, porque al fin y a la postre, la administración existe porque existe una ciudadanía que administrar y, no nos olvidemos: representar.

miércoles, 6 de junio de 2018

La teoría de juegos y el Presupuesto municipal.


La teoría de juegos es, simplificando, la aplicación de modelos matemáticos al comportamiento de un determinado número de actores. Se le denomina “juego” al tener en cuenta las decisiones estratégicas de cada cual, donde el resultado de la interacción depende de los demás participantes, todo ello desde un enfoque absolutamente racional.
Existen diferentes “juegos”. De dos actores e incluso de un indeterminado número, de información perfecta ( donde se conocen las acciones previas, como el ajedrez) o imperfecta ( donde se desconocen las estrategias de los otros, como el mus). Sobre los resultados, tenemos el juego de suma cero ( lo que gana uno es lo que pierde el otro), de no cero ( lo que gana uno no siempre implica la perdida del otro) y los cooperativos ( existe comunicación y negociación, como por ejemplo los acuerdos políticos). Uno de los “juegos” más conocidos es el Dilema del Prisionero, donde dos presos deben decidir si delatar al otro en función de unas consecuencias sabidas a las posibles alternativas de decisión. ¿Podríamos, en un ejercicio de puro entretenimiento, aplicar la Teoría de Juegos al debate político municipal?. Desde una perspectiva teórica, si, pero la política, afortunadamente ( o no) está atravesada por factores que no son únicamente racionales: sentimientos, emociones, valores, ambiciones, etc. por lo que sería una empresa imposible. Pero desde una actitud lúdica podría ser una herramienta para aproximarnos al entendimiento de las actitudes de unos y otros.
En el escenario tenemos siete actores políticos. La situación es, aprobar el presupuesto o no, con las consecuencias políticas que podría acarrear para cada uno de ellos en función de una decisión u otra.
El primer actor, es el gobierno de coalición. Si su propuesta se aprueba, ¿qué beneficios obtendría?. Evidentemente hay beneficios colectivos, pues algunos gastos necesarios tendrían un soporte sólido y no dependerían de modificaciones de crédito que deberían aprobar en el pleno municipal con el apoyo de otros. También hay beneficios individuales como gobierno, pues su posición se vería reforzada de una forma clara en el último tramo de la legislatura. ¿Habrían beneficios individuales para los diferentes componentes del gobierno de coalición?. La respuesta a ésta cuestión es más complicada.
Para la oposición los beneficios y perjuicios son variables en función del papel que cada uno ha jugado a lo largo de la legislatura. No serían los mismos beneficios o perjuicios para Esquerra Unida, que apoyo la investidura y, por ende, la composición del actual gobierno en minoría, que para Ciudadanos o para el Partido Popular. Los beneficios o perjuicios para el Partido Popular y para Ciudadanos podrían calcularse, pero solo de forma hipotética y simbólica, pues debemos esperar a las elecciones para ver si el acto de apoyo o rechazo ha sido valorado de forma negativa o positiva por los electores. No obstante, la aprobación podría ser tácita o explícita: votar sí, abstenerse para propiciar una mayoría simple o incluso prestar tácticamente algún apoyo como ya hicieron en determinados momentos, en juego, este si, de suma cero: lo que arriesgo se compensa con lo que gano: ¿prestigio por responsabilidad institucional pese a apoyar al adversario al que se calificó incluso como “pacto de perdedores”?, ¿ser acusados de oposición obstruccionista y negativa?
Los costes y beneficios inmediatos de una decisión en política ( y cuando digo política, me refiero al ámbito partidario y no a la acción política en la institución) se miden por un cierto capital simbólico (anticipado en forma de tendencias a través de sondeos, pero no en nuestro caso, pues oficialmente no existen), en el que podría influir el debate presupuestario como casi penúltimo acto de la legislatura. Podría quedar en el recuerdo de los electores, tanto como un acto de responsabilidad, como un acto de seguidismo, de colaboracionismo, obstruccionismo, etc. en función del juicio o preferencias de cada cual. El resultado de ese cálculo no lo tendríamos hasta que la opinión pública no volviese a agregarse en las urnas, decidiendo responsabilidades, en positivo o en negativo, hacia los diferentes partidos que se presenten, por lo que únicamente podríamos especular en función, o del estatus de los actores en la institución, o las tendencias demoscópicas generales, que no locales.
La estrategia de cada actor dependerá de las expectativas que se hayan formado ( personalmente, no se en función de que dato o argumento, que no sea el puro subjetivismo) para ese horizonte electoral. Es cierto que existe una exigencia institucional, pero ésta no es menor que hace uno o dos años, teniendo como referencia la “urgencia” en la aprobación de éste presupuesto, en mi opinión, únicamente ese capital simbólico del que están necesitados para volver a pedir el apoyo ciudadano.
Se podría incluso proponer (yo lo plantee como hipótesis), que el presupuesto se decidiese por racionalidad pura: asignar un porcentaje a cada partido en función de su representación y, en función de ésto, que cada partido decidiese sus prioridades presupuestarias, dándoles cabida en el documento final. Pero esto no es posible, pues como decía al inicio, la política no tiene como componente dominante la racionalidad, sino otros factores, afortunadamente, pues si la racionalidad fuese la única variable interviniente, se caería en un maquinismo que mataría definitivamente la democracia como forma de resolución acordada de los conflictos de una sociedad tan compleja como es en la que vivimos.

domingo, 3 de junio de 2018

GEOMETRÍA VARIABLE



Desde el inicio mismo de la legislatura, la geometría política que propició la investidura, varió. Y lo hizo, en primer lugar, con el rechazo de uno de los grupos políticos que apoyó la investidura a entrar en el gobierno, para pasado el tiempo, volver a variar con la abrupta salida de otro de los “socios fundadores” del actual gobierno de coalición en minoría. La salida fue acompañada de la entrada del grupo que decidió en principio no participar, cuestión que no resolvía la posición de debilidad del gobierno de coalición.
La cuestión de la aritmética se ha puesto sobre la mesa en nuestro municipio a lo largo de nuestra historia democrática. En 2014 el partido popular precisó de apoyos para aprobar el presupuesto que todavía sigue vigente. No obstante, esa misma geometría se complica a partir de 2015 con los resultados electorales: si al partido popular le hizo falta únicamente dialogar con un partido, en 2015 el diálogo concitó a cinco. La fragmentación que surgió de las urnas, anula cualquier intento formal de analizar la coalición resultante, no solo por el gran número de actores que intervienen, sino por el descuelgue de uno de los grupos mayoritarios en un primer momento, y la salida de otro pasado poco tiempo. Por lo tanto, el único enfoque posible de análisis es el multidimensional al haberse demostrado a lo largo del tiempo que el proceso de formación y modificación de la coalición ha sido un proceso dinámico y continuo.
En un primer momento, la distancia ideológica y programática parece salvarse con la redacción de un programa mínimo de gobierno que contiene unos puntos, además de unos principios que sirven como sustento al acuerdo. Pero éste documento se presenta como no valido con el paso del tiempo, pues la opción del gobierno de coalición minoritario fue la de seguir una estrategia incrementalista ( partiendo de lo hecho, incrementar o modificar las actuaciones políticas) frente a la reformadora que en principio se suponía y esperaba.
La situación que hoy vivimos, respecto a un supuesto y extraoficial debate presupuestarios ( no existe acuerdo en el órgano correspondiente que establezca un calendario con plazos temporales para culminar el debate), pone de relieve que la aritmética municipal sigue siendo cambiante. En principio, la exclusión manifiesta del que fuera socio de investidura planteaba una única alternativa: Ciudadanos. Los tres votos de éste grupo aseguraban la aprobación de los presupuestos, aunque tras las palabras del Alcalde en la última sesión plenaria ( a la recriminación del pp sobre su aparente posición prescindible, la respuesta fue un : “de momento”) cualquier posibilidad sigue abierta.
El hecho de que no se haya utilizado el mecanismo de la “moción de confianza”, instrumento anulado al haber entrado en el último año de legislatura, plantea un escenario complejo. La moción de confianza, planteada por el Alcalde al Pleno municipal, uniendo a ésta los presupuestos municipales habría sido ganada dadas las distancias ideológicas entre los grupos que hoy componen la oposición: un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Esquerra Unida es inviable (variable aritmética imposible que ha posibilitado la permanencia del gobierno de coalición en minoría). Pero ésta cuestión ha decaído porque ya no se está a tiempo. En cuanto a lo que se establecía en la disposición adicional 16ª de la Ley 7/ 1985, introducida por el art. 1.38 de la Ley 27/2013, y tras declarar éste apartado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, la aprobación por la Junta Local de Gobierno del Presupuesto (en el caso de no alcanzar la mayoría necesaria), tampoco es ya una posibilidad. ¿Entonces?. Unicamente queda la posibilidad de que la geometría variable municipal propicie los apoyos suficientes para aprobar unas cuentas que, por otro lado, trascenderán a la presente legislatura dadas las fechas en las que nos encontramos.
Casos similares hemos tenido ésta legislatura. Como antes mencionaba la aprobación del Estudio Económico-financiero de la piscina municipal e instalaciones anexas, así como el pliego de condiciones de éste servicio, fueron aprobadas con el apoyo “implícito” de PP y Ciudadanos (no votaron que si, pero cedieron “abstenciones” a la coalición de gobierno), en una prueba más de que la geometría es variable en función de la coincidencia en cuanto a los objetivos y no solo en la relación al eje ideológico.
Hasta ahora hemos hablado de la política de coaliciones que ha sido factible, pues del momento de la investidura hasta nuestros días lo políticamente deseable no ha sido aritmeticamente posible, ¿o si?. Esa es una buena pregunta, pues el abandono de los objetivos expresados en el documento que sustentó la investidura hace pensar que ha existido coincidencia siempre que se ha buscado, pero no siempre ha sido la que presumiblemente resultaba del proceso de investidura, o lo que es lo mismo: ha habido una tendencia hacia posiciones conservadoras en cuanto a las preferencias en los acuerdos, abandonando las posiciones de izquierdas que inspiraban el documento que propició el acuerdo inicial.
Es absolutamente legítimo que la realidad condicione la toma de decisiones, pero esta legitimidad debe reforzarse con una estrategia, más que comunicativa, explicativa: la ciudadanía debe conocer el porqué de las variaciones estratégicas. Hasta ahora solo han existido manifestaciones redundantes en el discurso retórico cuyo objetivo es el reforzamiento de los símbolos y, curiosamente, ese discurso solo ha sido realizado por uno de los socios del gobierno de coalición en minoría, algo que indica que las relaciones en el seno de la coalición son igualmente variables a estudiar para así poder, en principio entender el papel de cada actor y, de ahí, atribuir responsabilidades, positivas o no en cuanto a las decisiones y las no decisiones.
El último año de legislatura nos va a deparar situaciones interesantes, aunque creo que no será posible resolver el embrollo institucional hasta 2019, cuando la ciudadanía vuelva a votar expresando sus preferencias y, como decía, premiando o castigando, espero que no solo discursos retóricos, sino propuestas.


martes, 29 de mayo de 2018

¿Acuerdos imposibles?



Aunque quizá la pregunta pertinente sería: ¿porqué no se ha sido capaz de aprobar ni un presupuesto municipal a lo largo de la legislatura?. Creo que sería interesante que, partiendo del actual contexto, fuéramos capaces de dar respuesta a esa pregunta que, pese a parecer meramente instrumental o incluso tendenciosa, encierra una duda que creo que compartimos más de uno y de una.

El gobierno municipal cambia en 2015. Tras más de veinte años de gobierno de la derecha ( en solitario o con acuerdos con otra fuerza política), en mayo de 2015 la ciudadanía decide repartir sus preferencia, eligiendo representantes municipales entre siete de las nueve candidaturas presentadas. Y, a diferencia de otras ocasiones donde el “juego” se dilucidaba con una coalición mínima ( de dos), en ésta ocasión son necesarios, como mínimo tres actores en un escenario más complejo ( en la legislatura de 2011 obtuvieron representación las seis formaciones que presentaron candidatura: PP (7), PSPV-PSOE(6), Esquerra Unida(1), Compromis(2), Decido(1) e Iniciativa(1), en la de 2015: PP(7), PSPV-PSOE(3), Ciudadanos(3), Compromis(3), Esquerra Unida(2), Partido del Campello (2), Democrates (1) ). Desde los partidos con representación la interpretación de los resultados, y así lo declaran todos, incluido el actual Alcalde en su discurso de investidura, es : dialogo y acuerdo. Pero, ¿quién ha estado dispuesto a dialogar con quien y de qué?

La premisa del “mandato” propicia un acuerdo sustentado en once votos provenientes de cinco candidaturas. Pero la lectura de ese “mandato” es relativo, por dos cuestiones: el documento de mínimos pasa a ser irrelevante y uno de los socios es expulsado de la coalición. Esto propicia un gobierno en minoría que llega hasta la actualidad. Pero, ¿qué debe hacer un gobierno en minoría si pretende sacar adelante al menos alguna propuesta política?. Pues eso: dialogar, negociar, acordar. Pero parece ser que ninguna de esas tres palabras han sido argumento para el actual gobierno como responsable de liderar las políticas y, consiguientemente, el resultado es que por tercer año los presupuestos sobre los que se trabajará, con el proyecto político que se gestionará el municipio es el del PP de 2014

¿Era posible el acuerdo?. En mi opinión, si, pero era necesario un esfuerzo, no solo negociador, sino de reconocimiento de legitimidad: cualquier grupo tiene legitimidad para intentar incluir propuestas. Por consiguiente, un método que podría haber sido utilizado era el puramente cuantitativo: cada grupo presenta propuestas en un proceso abierto, se debaten abierta y con difusión pública, se priorizan y, finalmente se establece un mecanismo para su inclusión o no en el presupuesto: en función del porcentaje de representación de cada cual. ¿Posible?, si, pero irreal. Evidentemente, sí se debería haber abierto un procedimiento oficial, con fechas y plazos para presentar, tanto el borrador de presupuesto como las enmiendas, así como una fecha para su debate plenario. En éste contexto, el esfuerzo negociador, si el gobierno se consideraba realmente “de cambio”, podría haber sido doble: por un lado convencer y aceptar propuestas de otros grupos y por otro, a través de un proceso de explicación pública cuyo objetivo fuera sumar complicidades sociales que asegurasen, además de una posición legítima legalmente, una legitimidad con ratificación social.

La política democrática tiene una característica que la engrandece: la temporalidad. Esto es: que cada cuatro años, la ciudadanía tiene la obligación y el derecho de juzgar a los gobernantes y, si así lo considera, cambiarlos. Y ésta característica debería haber estado presente, propiciando acuerdo de alcance, como mínimo, de medio plazo.

Ahora, en la coyuntura en la que nos encontramos, lo que seguramente vamos a escuchar son excusas convertidas en argumentos: quisimos, pero no nos dejaron. Y ante éstos “argumentos”, deberíamos preguntarnos, ¿qué quisieron?. Esa y no la excusa del “no nos dejaron” debería ser la pregunta que nos diese alguna respuesta sobre las causas del fracaso de la legislatura.

Pero, también podemos encontrarnos con una acción a la desesperada ( cuyo objetivo coincidiría con la excusa-argumento: no nos dejaron) y que el gobierno llevase una propuesta a Pleno a sabiendas de que no tendría los apoyos suficientes. Este acto, lejos de representar un acto de valentía política, a mi personalmente me parecería la enésima irresponsabilidad de un gobierno que, teniendo la responsabilidad del “cambio” prefirió preservar su zona de confort ( gracias, como antes decía, a las distancias irreconciliables entre las posibles alternativas) a presentar verdaderas propuestas valientes, no solo en la institución, sino a la sociedad a la que, más pronto que tarde, volverá a pedir su voto pero, ¿esta vez con qué argumento?.

jueves, 10 de mayo de 2018

NEGAR LA MAYOR


Si echamos un vistazo a lo que pasa a nuestro alrededor, a lo que los y las jóvenes hacen y cómo lo hacen, seguramente llegaremos a varias conclusiones. La primera podría ser, simplemente, eso de “que mayores somos”. Aunque la mayoría de las veces no es más que una excusa para justificar, o nuestro desinterés o nuestro simple desconocimiento de lo que ocurre a nuestro alrededor y sobre todo, de la velocidad a la que ocurre.
Que estamos inmersos en un cambio de época es algo evidente. Nuestra forma de relacionarnos ha cambiado, nos comunicamos de otra manera, los grupos y comunidades sociales se han transformado de forma sustancial en casi todas las franjas de edad, pero sobre todo en las generaciones de jóvenes nacidos y formados en el ojo de ese huracán que es internet.
Belén Barreiro, socióloga y ex directora de CIS, ha planteado una propuesta sumamente interesante de estructuración social al hilo de un acertado análisis de la realidad s pre y post crisis, aunque la vedad, cuando hablamos de post crisis creo que nos referimos más a un deseo que a una realidad por mucho que los datos macro económicos sean positivos. Concretando. La conclusión de Belén Barreiro es que la crisis ha tenido un producto social en forma de analógicos y digitales, con una adscripción social en función de las variables de renta y ocupación, pero sobre todo , de estabilidad. Parámetros como la formación y cualificación han pasado a ser secundarios, fundamentalmente para la generación de jóvenes digitales que ven como su alta formación no les asegura un puesto en el ascensor social. Pero no pretendo plantear un debate sobre las clases sociales pre o post crisis; ni siquiera un debate sobre digitales acomodados, precarios, analógicos acomodados o precarios, pues sería demasiado dados mis humildes conocimientos, además de complejo, aunque sumamente interesante para buscar explicación, por ejemplo, a las preferencias políticas tan volátiles y cambiantes frente a la solidez de los anclajes a los que estábamos acostumbrados hace un par de generaciones.
El objetivo de mi reflexión personal es la evidente apatía de la administración que, teniendo nuevas herramientas para interactuar, relacionarse y atender a las necesidades y demandas ciudadanas, prefiere vivir de espaldas a ésta . Pero lo más sorprendente, en mi opinión, es que ni a las generaciones digitales ni a las analógicas les presta la atención, ni personal ni administrativa que sería no solo deseable, sino exigible. Y ésta actitud (máxime viniendo de una corporación joven) se ve con claridad si nos paramos a examinar no solo la estrategia institucional en la red, sino la de los partidos políticos con representación.
Me he permitido analizar durante un cierto período de tiempo los diferentes perfile digitales institucionales e incluso personales de algunos de los representantes políticos, llegando a la conclusión de que el nuevo “martillo” que la revolución tecnológica ha puesto en sus manos lo usan para seguir clavando clavos de la misma manera.
Quizá la conclusión más relevante a la que personalmente he llegado es que pese a la presencia a través de nuevas plataformas de comunicación e interactuación, las instituciones políticas siguen ancladas en la web 1.0: genera contenidos a través de páginas estáticas, con una actualización tardía y poco eficaz a través de estrategias direccionales y no colaborativas. Podríamos decir que esta actitud es a internet, lo que fue la revolución de la Administración Pública Tradicional a la discrecional y antigua administración.
Si por algo se caracteriza la época en la que vivimos ( web 2.0) es por priorizar la inteligencia colectiva (el intercambio de conocimientos) ya que los usuarios no solo leen, sino que también publican, por la existencia de las redes sociales donde compartir y colaborar, donde el usuario es el protagonista, gracias a los avances en los dispositivos a través de los que se conecta ( smartfone, tabletas, tv, etc). Algunas instituciones sociales privadas si se han adaptado a ésta nueva realidad, favoreciendo una relación directa y personal con sus clientes, facilitando y agilizando trámites que no hace mucho tiempo requerían mucho tiempo y esfuerzo, algo que, pese a la emergencia de una sociedad más exigente e inteligente, la institución pública y los partidos parecen dar la espalda.
Las instituciones ( administración y partidos) parecen seguir manteniendo esa especie de cartel de “acceso restringido”, limitando la democracia a una representación indirecta e impersonal, pese a los discursos retóricos que la niegan.
La democracia, e internet ya forma parte de ella, es construir una realidad capaz de incorporar a todos: cada cual desde lo que es. No se puede seguir instalado en pautas más propias del industrialismo donde a cada lugar correspondía una persona y a cada persona su lugar. Hoy es todo más fluido, con parámetros diferentes, con espacios y situaciones diferentes, por lo que las respuestas tradicionales ya no se presentan como útiles.

martes, 8 de mayo de 2018

RUTA CICLOTURISTA

El Delegado del Gobierno, junto a representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han "inaugurado" un tramo de la carretera que une El Campello con Relleu como de circulación preferencial para cicloturistas. Esta medida es importante, pero quizá no suficiente. Importante en la medida de que ya existen en ésa ruta señalizaciones que advierten a los conductores ( muchos de ellos consideran esta carretera como un circuito donde demostrar no se sabe bien que habilidades) de que hay cicloturistas circulando junto a ellos. Pero no suficiente, porque a pesar de la señalización, la educación vial no parece tener solución. Creo que el trabajo debe ser doble. Por un lado la señalización y la vigilancia en el cumplimiento de la misma para evitar, en lo posible, accidentes, y por otro, de educación sobre la convivencia de diferentes elementos en las vías de circulación: vehículos, peatones y cicloturistas,
Por otro lado, y pese a que éstas valoraciones no parece haber sido tenidas en cuenta por el primer edil de El Campello, me gustaría referirme a ese otro objetivo socio económico al que sí hace referencia: la actividad deportiva vinculada a la bicicleta como recurso turístico. 
Pese a que es un objetivo declarado, nada se ha hecho a lo largo de la legislatura, ni para congeniar la convivencia de cicloturistas, peatones y vehiculos, ni para atraer practicantes de la bicicleta a nuestro privilegiado municipio.
Hay en nuestro territorio municipios que sí han visto el potencial económico de una actividad en auge. Ejemplos los tenemos en Finestrat, que plantea un hotel para ciclista de montaña, Ibi, que desarrolla una de las marchas cicloturistas de mayor renombre en el panorama nacional. Unir esfuerzos con el sector privado para promocionar, como decía, nuestro privilegiado municipios, parecía una alternativa a la necesaria desestacionalización del turismo pero, ¿que tipo de iniciativas u ofertas ha realizado el gobierno en coalición en las diferentes ferias y muestras a las que ha asistido en materia deportiva?. Sería interesante analizar ésta cuestión. 
En su día se intentó impulsar el Consejo Sectorial de turismo, una iniciativa que, aunque tímida, venía a unir esfuerzos para repensar el principal sustento de nuestra localidad. Pero no toda la responsabilidad la tienen los gobernantes locales: la iniciativa privada peca de un cierto inmovilismo igualmente estacional, conformándose, sobreviviendo, subsistiendo o simplemente resignándose a que el turismo local es lo que es, y punto.
Como aficionado a la bicicleta he tenido la oportunidad de asistir a algunas pruebas cicloturistas. Algunas en la provincia ( Ibi y Denia) y otras en otra comunidad ( Aragón) y cuando se percibe el nivel de complicidad público-privado, la participación de cientos de voluntarios y voluntarias y la dimensión publicitaria que para el municipio tienen pruebas como las pruebas deportivas de alto nivel, uno no puede más que preguntarse si como decía ese gran humorista que ocupa La Moncloa:" se piensan las cosas antes de hablar o se habla después de pensar". 

SOBRE LA HISTORIA INTERMINABLE

El titular del diario Información, en mi opinión, peca de un cierto sesgo sensacionalista. No obstante, el contenido tiene un interés analítico, ya que la noticia recoge declaraciones, a modo de síntesis, de diferentes representantes políticos municipales. La noticia solo se ha podido leer en la versión "premium" del diario o en papel, de ahí que hacer referencia al enlace sea una tarea inútil.

Me gustaría, en primer lugar señalar que falta la opinión de las representantes del PDC y el no adscrito. Personalmente considero que el hecho de que el actual Portavoz del Grupo Socialista y Concejal de Hacienda se haya manifestado junto al Alcalde es, en el punto de la legislatura en el que nos encontramos, irrelevante, pese a ser todo un detalle por parte del primer edil "repartir" responsabilidades con su potencial competidor electoral. Y digo principal competidor electoral porque como he mantenido en diferentes ocasiones, el contexto teórico es una cosa, y la realidad otra. El contexto teórico está compuesto por diferentes partidos que gobiernan en coalición minoritaria, y el real es que existe únicamente dos organizaciones política representadas: Compromis ( a través del Alcalde) y el grupo Socialista, pues el no adscrito no podemos adscribirlo a ningún partido pues a ninguno pertenece, y las concejalas del PDC son un apéndice de Compromís desde el día uno tras las elecciones municipales de mayo de 2015.

De lo que se está hablando es del primer presupuesto elaborado por la coalición de partidos que conformaron el gobierno municipal allá por el mes de junio de 2015: una primera propuesta política del "equipo" del cambio. Y como tal, es relevante señalar el significado que ésta debería tener en un escenario políticamente fracturado y con una seria incertidumbre electoral en el horizonte de 2019.

Un presupuesto que no cuente con la participación, como mínimo de dos representantes más, está condenado al fracaso. Y esto, que parece una "perogrullada", es un elemento importante de cara a analizar el papel que cada actor juega y, por consiguiente, la responsabilidad atribuible.

Desde la ruptura del acuerdo de investidura, los apoyos concitados en torno al eufemísticamente llamado "equipo de gobierno" (esta, es una valoración personal basada en hechos que he analizado en diferentes ocasiones, como por ejemplo, al inicio de éste texto) han provenido de Ciudadanos y el PP ( recordar que, tanto el informe económico-financiero de la piscina, como el pliego, fueron aprobados "gracias", en principio a la cesión de abstenciones por parte de ambos partidos al "equipo de gobierno" y el pliego definitivo, a su apoyo explícito). La oposición por parte de uno de los socios de la investidura a diversas cuestiones y su beligerancia contra la deriva del gobierno ( condescendiente con la gestión política del PP y continuista) puede ponerse a prueba en el debate presupuestario: ¿qué están dispuestos a aceptar en Esquerra Unida a cambio de su apoyo, quizá la recuperación de los puntos que sustentaron la investidura?. 

Por lo que afecta al PP, su bajo nivel de oposición se debe, en mi opinión, a dos factores. El primero, a un más que evidente continuismo de las políticas o, mejor dicho, a las acciones públicas desarrolladas ( recordar que hasta hoy el presupuesto es el que ellos elaboraron en 2014). El segundo, a una especie de convicción sobre su futuro político frente a un gobierno al que consideran amortizado, cuestión que con toda seguridad, y pese a que las propuestas que presenten sean incorporadas al documento final, propiciarán un voto negativo.

El caso de Ciudadanos es más complejo. Por un lado, apoyar un presupuesto municipal supondría ser colaborador necesario en el sostenimiento de un gobierno al que han calificado de "improvisador impenitente". Pero desde otra perspectiva podrían presentarse ante el electorado como el elemento  de equilibrio que definitivamente ha propiciado unas nuevas cuentas municipales (discurso que éste partido mantiene allá donde su papel tiene o puede tener una relevancia mediática). Un panorama complejo, aunque la abstención, como huida hacia delante siempre es una salida.

Quizá el debate presupuestario sea, pese a su abrupto inicio, interesante para valorar las líneas políticas que cada cual tiene respecto a los problemas públicos que la ciudadanía de El Campello tiene o siente tener, lo que nos metería de lleno en la precampaña electoral, dando quizá argumentos de análisis para enjuiciar a cada uno de los partidos que han tenido representación municipal y asignar responsabilidades, en lo posible.

En definitiva, el panorama es complicado. Se apruebe o no el presupuesto, la legislatura está finiquitada y lo que ahora toca es, en lo posible, hacer una valoración general de lo que ha supuesto una legislatura como la que hemos vivido y una  particular del papel jugado por cada uno de los actores políticos locales en la misma, aunque ésto sea un difícil ejercicio dada la hegemonía impuesta y aceptada ( por diferentes motivos tácticos o incluso difícilmente explicables) desde prácticamente el inicio de la legislatura que fue autodefinida por los protagonistas como del "cambio",  cambio  que deberán explicar a la ciudadanía para pedirles nuevamente su apoyo.

sábado, 5 de mayo de 2018

En la sección de DESIGUALDAD....

Las clases sociales tienen la culpa pero, ¿existen?, ¿de qué hablamos?.
Parte 1: Una perspectiva desde la concepción marxista.

En ANALISIS POLÍTICO (SECCIÓN NUEVA)

AUTOCRITICA RETROSPECTIVA: ¿QUERÍA EL ELECTORADO UN CAMBIO POLITICO EN 2015, O SOLO CASTIGAR A ALGUNOS?

miércoles, 25 de abril de 2018

CUESTIONES PREVIAS.

Tras el anuncio en diferentes medios de comunicación de que el gobierno de coalición en minoría de El Campello había entregado a los diferentes grupos políticos municipales una propuesta de presupuesto para el ejercicio 2018, me planteo algunas cuestiones previas, sin conocer los pormenores del documento presupuestario.
En primer lugar, y coincidiendo con otros grupos políticos, el porqué no se han presentado unos presupuestos ni en 2016 ni en 2017, asumiendo los aprobados y prorrogados en 2014 por el Partido Popular. La cuestión del equilibrio de fuerzas no es, en mi opinión, un argumento convincente, pues el mismo equilibrio es el que se da en la actualidad. Ni la falta de personal, ni otras cuestiones burocráticas es argumento, ni suficiente ni convincente para no haber presentado una propuesta que, basada en los números de las sucesivas liquidaciones, hubiese propiciado un debate político más allá de la mera gestión.
Si algo se presuponía en los grupos que compusieron el gobierno municipal en 2015, era el compromiso de cambio. Pero no un cambio de nombres y personas, sino un sustancial cambio de politicas, porque ahí es donde radican las diferencias.
Desde un punto de vista mínimamente análítico, la elaboración de la principal propuesta que reúne algo más que declaraciones de intenciones puede ser abordada desde diferentes perspectivas. Y ahí me planteo la segunda cuestión previa: ¿Cómo se ha elaborado el documento?, ¿partiendo de lo existente e incrementando las políticas ya realizadas con pinceladas de mero maquillaje, desde una perspectiva racional, analizando los problemas, recursos y el impacto de las políticas?. ¿Hay un criterio político que sustente la propuesta o son meras cuestiones técnicas?. Y esto lo digo porque, uno de los anuncios se refiere a una importante inversión en recursos tecnológicos cuando el gobierno ha sido incapaz ni siquiera de adaptar la web municipal (estática y claramente ubicada en el pasado 1.0 cuando ya se está en el 2.0: interactividad, inteligencia, etc).
Otra cuestión es el talante que, al menos discursivamente se plantea: una rueda de contactos para "explicar y recabar apoyos". ¿Expicar?. Creo que el actual gobierno no ha analizado convenientemente el contexto en el que se encuentra. Y éste no es otro que una fragmentación en el que la alcaldía la ostenta la cuarta fuerza política, por ejemplo. Así que la cuestión no es "explicar": la cuestión es plantear propuestas e intentar que las políticas tengan un recorrido y una estabilidad a medio plazo, como mínimo. Y para ello, es necesario que la pluralidad tenga expresión en el diseño de las políticas presupuestadas, pues de lo contrario se estará incidiendo en ese mal que acusa la democracia representativa: la imposición frente al acuerdo ( la democracia representativa, como he dicho en alguna ocasión, si por algo se caracteriza es por su temporalidad: los cambios de gobierno propiciados por los procesos electorales periódicos, por lo que lograr que las políticas tengan ese recorrido a medio plazo, lograr el apoyo de "un voto más" es una actitud que no beneficia a nadie, ni siquiera a los partidos políticos).
Otra cuestión es la participación, que inevitablemente solo puede aplicarse a determinadas partidas de inversiones. Pero, ¿se va a "explicar" a la ciudadanía el contenido de las partidas, porqué se opta por incrementarlas, para qué o para quién?. Si de algo adolece nuestro sistema político es de la necesaria explicación de las políticas; la pedagogía como elemento imprescindible de ese otro concepto que es la legitimidad, no legal sino política.
Se apuntan algunas propuestas genéricas, como los 250.000 euros para la elaboración del PGOU o los 128.000 del transporte urbano. Igualmente se hace referencia, de forma genérica a partidas como cultura ( 100.000 euros más) o servicios sociales ( 177.000) sin concretar las acciones, a la espera de una explicación más detallada.
Y la última cuestión es con quién tiene voluntad de dialogar el gobierno municipal. Y no es una cuestión menor, pues en el horizonte se atisban las próximas elecciones locales. Si los antiguos socios de investidura (EUPV) apoya las cuentas, ¿a cambio de qué, de políticas o de gestos simbólicos?. Esta agrupación política, después de su salida del gobierno de coalición se ha significado por una actitud crítica y exigente, por lo que rebajar ese nivel de exigencia por cuestiones cosméticas, no sería muy explicable. ¿Ciudadanos?. Creo que, en la misma línea, esperará acontecimientos pues estrategicamente sería una situación óptima que fuera el antiguo socio quien apoyase el proyecto de presupuestos, pues de ésta forma podría seguir presentándose como la opción incontaminada que ahora reivindica.
Seguramente no será mi primera opinión sobre la propuesta política por excelencia, como son los Presupuestos. Lo que considero que sería un claro retroceso es que los argumentos fuesen meramente burocráticos y de gestión, pues ésto sería un retroceso a la voluntad expresada por la ciudadanía en 2015 y una prueba más de que el "arte de ir tirando" se confirma como penoso paradigma de la política: ¿todos son iguales?.

jueves, 19 de abril de 2018

UNA (HUMILDE) APROXIMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y II



LA NUEVA GESTION PUBLICA
Esta nueva gestión pública de una forma un tanto esquemática, pretenderá, frente a la rigidez de la Administración Tradicional, personalizar la prestación de los servicios a las demandas , introduciendo Incluso el término de clientes frete al de ciudadanos. Por lo tanto se presenta como un paradigma de gestión alternativo al de la administración weberiana. Esta nueva gestión pública se inspira de una forma muy notable tanto en las técnicas de gestión empresarial como en la imitación de las dinámicas del mercado. En este sentido también hay que destacar los dos grandes pilares sobre los que se sustenta esta nueva gestión pública. En primer lugar desde el ámbito del mercado; desde los que consideran que el mercado es un asignador eficiente de recursos, se afirma que el principal problema de la Administración Pública es que no dispone de un adecuado sistema de incentivos, es decir, que cuando alguien hace las cosas bien, esto no genera ninguna recompensa y que por la misma razón, cuando alguien hace las cosas mal esto tampoco genera ningún castigo,de manera que al no existir un sistema adecuado de incentivos que fomenten el esfuerzo y la capacidad de mejorar, pues la administración ha tendido a irse, relajando. Este sistema de incentivos es el que nos proporciona el mercado.
En alguna literatura para referirse a esta idea, y observar los diferentes mecanismos que intentan hacerla operativa, se ha utilizado un término políticamente poco correcto pero muy visual, e intuitivo, que es el primer pilar de la nueva gestión pública que conocemos que es el de “macho managemen”. Este término significa que debemos introducir en la Administración Pública presiones para que los operarios de esta administración pública se vean forzados a demostrar lo que valen; a sudar la camiseta; a esforzarse; a comportarse siguiendo este término tan políticamente incorrecto como es el “macho maagemen”: que demuestran cada día lo que valen en su quehacer. Podría decirse que, siguiendo en esta metáfora políticamente incorrecta: lo mismo que harían los ejecutivos, los empresarios, que deben esforzarse cada día en la lucha del mercado para sobrevivir. Bajo esta etiqueta del “macho management” hay una amplia variedad de herramientas que se han desplegado durante los años 80 y 90 sobre todo, la externalización competitiva de servicios, la gerencialización de la Administración Pública, la aparición de nuevos contratos, la aparición de herramientas como la división de roles entre el cliente y el comprador de servicios públicos, el poner precios a los servicios y establecer estableciendo relaciones mercantiles,etc. En definitiva toda una serie de mecanismos
que tienen siempre como base dos ideas clave: fijar un objetivo, evaluar hasta qué punto lo hemos conseguido y premiar o castigar en función de hasta qué punto se ha logrado satisfacer este objetivo. Esta cuestión, sin entrar a fondo, ahora nos lleva a toda una discusión sobre, hasta qué punto la administración es capaz de fijar con precisión sus objetivos y hasta qué punto esos objetivos también somos capaces de medirse con exactitud, porque sin estas dos características toda la lógica del “macho management” tiene problemas operativos.
En todo caso este ha sido el primer pilar sobre el que se ha sustentado la nueva gestión pública. El segundo es otro pilar que genera algunas contradicciones sobre el primero, porque mientras que el “macho management” pone el énfasis en la competencia, el segundo viral que hemos llamado “soft management”, es un concepto sobre que prioriza sobre todo la colaboración.
Es un concepto de inspiración empresarial basado en lo que conocemos como el de la excelencia en el mundo empresarial y que cuya idea básica es, si en una organización, sea pública, sea privada, compartimos valores, compartimos objetivos entre las diferentes partes de esta organización ;nos ayudamos mutuamente, colaboramos los unos con los otros y de como este entorno puede generar una mayor deficiencia en la prestación de los servicios.
En realidad, quizá la forma más sintética de resumir los contenidos propositivos del soft management es pasar de organizaciones que priman sobre todo la gestión de la jerarquía y de los procedimientos, a organizaciones que priman sobre todo la gestión de factores intangibles, factores soft como son los valores y las personas. Es necesario señalar, que al poner el acento en los valores se desarrolla toda una serie de instrumentos vinculados a la dirección estratégica, a los mecanismos de control de los recursos humanos a través de valores etc. Y que al poner el acento en el ámbito de las personas se desarrollan también toda una serie de instrumentos vinculados a la calidad en la prestación de los servicios, a los círculos de calidad que siguen a los productos, etc. Por lo tanto, tanto el macho management como el soft management se despliegan con una serie de instrumentos concretos que han protagonizado la modernización de la gestión pública en los años 80 o 90. ¿Con qué resultados? . No me extenderé en un análisis detallado de los mismos, pero sí que quizá se puedan decir algunas cosas, que nos situarían en el tercer escenario.
Los resultados de la nueva gestión pública pueden haber sido ambivalentes: pueden haber sido positivos en un aspecto y negativos en otro. El aspecto positivo, y sería absurdo no reconocerlo, es que algunas de las medidas de la nueva gestión pública han mejorado la eficiencia en la prestación de los servicios. Hay muchos servicios que con todas estas nuevas técnicas han mejorado en la agilidad. Hemos desburocratizado algunas organizaciones, hemos ganado flexibilidad en otras, y por lo tanto buena parte de los servicios públicos han aumentado en su eficiencia. Ahora, hay que fijarse que, simultáneamente a ese aumento de la eficiencia en algunos servicios públicos ha sido compatible con el mantenimiento e incluso el aumento del descrédito de aquello que hace la política y la Administración Pública.
Es compatible hacer una evaluación del rendimiento de un servicio y observar su mejora, con que la población siga descontenta con la capacidad de la Administración Pública de resolver sus problemas. Para hacerlo de una forma esquemática solemos decir que la nueva gestión pública ha mejorado la prestación de los servicios en términos eficientistas pero no ha mejorado
el contenido de las políticas públicas. Aquello que hace la administración puede hacerlo mejor, pero a lo mejor no es lo adecuado. De manera que algunos dirían que el reto; lo que nos obligaría a superar el paradigma de la nueva gestión pública no es tanto el de mejorar la eficiencia sino de mejorar la inteligencia de aquello que hacemos. No se trata tanto de desarrollar adecuadamente una actividad sino cómo se toma las decisiones. Y esta cuestión nos lleva al tercer paradigma: la Administración Pública relacional, la Administración Pública deliberativa, en la cual la principal preocupación no sería tanto cómo mejoramos la eficiencia en la prestación de los servicios sino cómo mejoramos el contenido de las políticas pública: cómo dotamos a la Administración Pública de la suficiente inteligencia no solo para hacer las cosa bien sino para decir qué es lo que hace y qué no,de forma adecuada.

UNA (HUMILDE) APROXIMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I


Los cambios en los grandes paradigmas: para entender el funcionamiento de la administración pública.


Partimos de unos orígenes en el ámbito de la administración; unos orígenes que vienenmarcados por lo que se conoce como la administración pública tradicional; la administración pública de corte burocrático, herencia de la época de sociólogo alemá Max Weber, conocido como el padre de la administración legal racional. También sabemos que en los años ochenta se produjo un cierto tipo sw revolución gerencial en el ámbito de la administración pública, que dió lugar a lo que algunos han denominado como el Paradigma de la Nueva Gestión Pública. Y en tercer lugar, de forma más reciente, ya entrando en el siglo 21, algunos autores y algunos prácticos incluso de la propia gestión pública están empezando a hablar de un modelo de administración pública relacional o deliberativa. Estos son los tres grandes paradigmas que se encuentran en el debate sobre el funcionamiento de la administración pública. Pero sería práctico que antes, de forma breve, hagamos un breve repaso de estos tres paradigmas.
Decíamos que, en primer lugar partimos de unos orígenes, que es lo que llamamos laAdministración Pública Tradicional. La administración pública de corte de mediano, de corte burocrático, y que tiene unos orígenes que datan de hace algo más de un siglo, y en los cuales podemos identificar dos grandes objetivos iniciales. En primer lugar la administración pública burocrática tradicional estaba pensada para maximizar la eficiencia en la prestación de un conjunto de servicios públicos. Hasta aquel momento todas la administraciones pre burocráticas eran administraciones muy poco profesionales, con déficit de capacitación en los empleados públicos, con formas organizativas muy provisionales. Y el resultado era que aquello que hacían, los servicios que prestaban a los ciudadanos eran poco eficientes. Tanto que la primera idea sensata de Max Weber es intentar maximizar la eficiencia en la prestación de estos servicios. El segundo gran objetivo de esta administración pública tradicional era garantizar la equidad del trato a todos los ciudadanos Otra vez, la administración de carácter preburocrático, la que se encuentra en sus análisis de Max Weber, era una administración que trataba de forma discrecional a las personas a las que ofrecía sus actividades o sus servicios. Es decir, si se era una persona con un determinado status económico y social, podía ser tratado de forma preferente o deferente por parte de la administración; mientras que si el status socio-económico era más bajo podía ser tratado con menor deferencia. Lo que Max Weber propone es crear una administración que garantice, que asegure que todas las personas, todos los ciudadanos, van a ser tratados por la administración de la misma manera.
Por lo tanto encontramos el segundo objetivo: garantías de igualdad en el trato a los a los ciudadanos. Los objetivos parecen sensatos ,pero en lo que deberíamos centrarnos es, en qué es lo que nos propone la administración burocrática para alcanzarlos. Para alcanzar el objetivo de maximizar la eficiencia lo que se propone, de forma muy sintética en el modelo de la administración tradicional, es lo que llamamos Racionalidad Formal. ¿Qué significa? Pues que para garantizar que siempre se harán las cosas de la forma más eficiente posible, en primer lugar lo que se hace es pedir a un experto (aquel que está dotado de la razón), que nos diga cuál es la mejor forma de realiza aquella prestación.
En segundo lugar, una vez que el experto nos ha dicho cuál es la mejor forma de operar, esto lo convertimos en procedimiento administrativo. Racionalidad y Formal. El adjetivo formal significa que convertimos la racionalidad en un procedimiento administrativo.
Posiblemente,lo más interesante es que obliga a ser siempre eficientes, porque hay unprocedimiento que debemos seguir. Si lo seguimos somos eficientes. El procedimiento administrativo sería a la administración pública lo mismo que la Cadena de Montaje era a laOrganización Científica del Trabajo. La Cadena de Montaje era aquello que aseguraba que el producto siempre se hacían de la mejor manera posible, el procedimiento administrativo (esa organización pública) es la garantía de que siempre se harán las cosas de la mejor forma posible. Y en relación a las garantías de igualdad,¿cómo se consiguen?. Pues a través de un procesode despersonalización: despersonalizando el trato con los ciudadanos. Dicho de una forma más directa: despersonalizar significa que a la administración no le interesa saber con quién está tratando, porque al no saber con quién está tratando impide cualquier factor discrecional. Expresado en una forma, si se quiere de una forma más intuitiva: la administración no quiere mirar a los ojos de los ciudadanos, no quiere saber quiénes son, porque cuando sabe quiénes son, cuál es su status, cuánto dinero tienen, o a qué partido votan, puede acabar tratándolos de una forma o de otra. Por lo tanto, se trataba de convertir al ciudadano en un número, un número de un expediente, por lo que se asegura, en principio, una igualdad de trato. Con estas dos características la administración pública tradicional consigue garantizar la eficiencia y la igualdad. Pero también hay decir que, inevitablemente, esto tiene un cierto precio . Y es partir de los años 70, 80 ( en Europa, porque en España, no será hasta bien entrada la década de los ochenta) cuando se empieza a percibir que ese precio puede ser excesivo: maximizar la eficiencia a través de la racionalidad formal tiene su parte positiva, pero tiene también una parte negativa, y es la rigidez. ¿Cómo conseguimos maximizar la eficiencia? A través del proceso de racionalización, pero también a través de un proceso que convierte nuestra actuación en algo prefijado, en algo rígido(la cadena de montaje de un coche es rígida, aunque sea eficiente).
El procedimiento administrativo puede ser eficiente, pero es rígido. Durante un cierto tiempo sólo se priorizaba en que la racionalidad formal generaba eficiencia. A partir de los años 80 preocupa mucho que esta racionalidad formal genera rigidez. Y esta es una de las primeras demandas de transformación de la administración pública tradicional. En en segundo lugar, el mismo argumento :el proceso de despersonalización genera algo positivo, que son garantías de igualdad, pero también genera un proceso que podemos llamar de deshumanización en trato a los ciudadanos Es verdad que al no ponerle nombre a las personas, los estamos tratando a todos igual, pero también es cierto que tratándolos como un número propiciamos esa deshumanización a la que nos hemos referido. Y es partir de los años 70, 80, que una buena parte de la población ya lo acepta: cuando se trata con la administración pública no se que quiere ser tratado simplemente como un número, sino que se reconozcan mis especificidades, mis preocupaciones, que sepa quién soy, que mire a los ojos, y de esta manera se podrá atender de forma personal a las demandas. Lo relevante es que la administración pública tradicional no es que sea buena o mala, es que responde a un momento, tiene unos objetivos, y tiene su parte negativa y su parte positiva (la parte positiva es ques eficiente e igualitaria, la parte negativa es que que es rígida y es deshumanizadora) Esas dos características empiezan, a partir de la década de los setenta y ochenta las que dan lugar al segundo paradigma: Nueva Gestión Pública.

lunes, 5 de marzo de 2018

ALTERNATIVAS.


En el debate político local se introdujo, en el Pleno municipal ordinario de febrero, una cuestión que, para mi, tiene un gran interés: el cooperativismo. Y lo tiene, no solo como objeto de estudio, sino como un instrumento de gestión local que reúne unos valores y principios que han sido históricamente cimiento del pensamiento progresista: la solidaridad y la democracia.
Hace algún tiempo, y a propósito de una propuesta realizada también el Pleno municipal sobre "municipalización" de un servició, apunté una línea a explorar; un elemento de reflexión alternativo a la mera gestión pública gerencial cuyo principio es la adaptación de los instrumentos del mercado a la ciudadanía convertida en cliente. La corriente denominada Nueva Gestión Pública surge frente al modelo burocrático, pero a lo largo de la última década del pasado siglo surgen dos polos interpretativos de esta Nueva Gestión: la neoempresarial (postura mayoritaria) y el enfoque neopúblico. El enfoque neoempresarial hace hincapié en la economía y la eficiencia, proponiendo una "clientelización" de la ciudadanía. Por el contrario, la posición neopública, defiende la repolitización del debate sobre la gestión pública, incidiendo en la racionalización y control de las externalizaciones de los servicios públicos, proponiendo igualmente una apertura de los procesos político-administrativos a la participación, incorporando una dimensión ético-valorativa a la gestión pública. Evidentemente, a raíz de la conclusión del debate local sobre explorar nuevos instrumentos en materia de gestión de servicios, las posiciones neoempresariales parecen haber triunfado, en mi opinión, más por un proceso de conservadurismo institucional ( área de confort temporal que cae inevitablemente en lo que hace tiempo indiqué como parte de ese "arte de ir tirando", que penosamente impone una visión real de las administraciones como las del "todos son lo mismo") que de eficiencia o eficacia en la adopción de decisiones sobre la gestión de los servicios. La negativa a explorar nuevos instrumentos se sustentó en argumentos que en mi opinión parte de la resignación en el "es lo que hay", que muy poco (o nada) tienen que ver con la bandera que se enarboló en 2015: el cambio.
El cooperativismo nació como alternativa económica y social. Una alternativa cuyos fundamentos son la democracia económica y la igualdad ( incluso antes de la instauración del sufragio universal, en los estatutos de Rochdale en 1845 se establece un principio que se extiende hasta nuestros sistemas democráticos modernos: un voto por socio, y no más). Pero no solo igualdad en derechos, sino igualdad económica a través de la limitación en el reparto de los excedentes económicos entre los socios, estableciendo el reparto de éstos a través de baremos personales y no sobre el prorrateo capitalista, lo que se denominó como cooperativización de beneficios.
Sin ánimo de aleccionar a nadie ( nunca ha sido mi intención pese a ser tachado en mas de una ocasión de soberbio, cuando no de "listillo"), pero con la convicción de que la izquierda tiene la obligación de explorar nuevas vías para la democracia, la libertad ( y, con vuestro permiso me permito recuperar unas frases de Pablo Iglesias Posse sobre la libertad, "que a diferencia del criterio liberal, no se garantiza solo a través del reconocimiento de una carta de derechos sino a través de la progresiva liberación del ser humano de la miseria, de la enfermedad, de la ignorancia, de la inseguridad del infortunio...") y la igualdad, creo que no se puede desechar ninguna vía o instrumento que plantee a la sociedad que, más allá de la retórica, algunas cosas si son posibles.
No quiero ni puedo entrar en una especulación sobre las bonanzas o perversidades del sistema económico global, pero si creo que la apertura de nuevas perspectivas de gestión alternativa, democrática y participativa, donde los trabajadores se sientan partícipes y responsables con objetivos colectivos más allá del beneficio personal es una obligación ética de los hombres y mujeres progresistas. Y que mejor que el ámbito local para explorar y determinar si las alternativas, aún siendo más arriesgadas, valen la pena en ese objetivo de construir un futuro mejor entre todos y todas.
Las cooperativas, su potenciación e incluso su utilización para la gestión de servicios públicos no solo podrían garantizar la prestación de los mismos con calidad y eficiencia, sino que permitiría tejer, de forma humilde pero progresiva, un tapiz de complicidades que acercarían la administración a los administrados, confiriendo mayor legitimidad al proceso político y democrático.
Y me voy a permitir finalizar con unas frases del prologo a la versión castellana del libro de Robert Dhal "La Democracia Económica": la democracia se asemeja más a un proceso con un horizonte basado en la libertad, la igualdad y la solidaridad que a la expresión estática de un sistema político determinado.

domingo, 4 de febrero de 2018

SUMA Y SIGUE: 1,2 MILLONES MÁS.



El titular dice: "El Campello admite a trámite la reclamación de 1,2 millones por el fallido centro comercial". Y todo ello, a instancias de la Consellería a causa de la petición por responsabilidad patrimonial de la urbanizadora. O lo que es lo mismo: otro proyecto virtual del gobierno de la derecha que se suma a la ya interminable lista de pufos que las ocurrencias de los gobiernos presididos por el pp han dejado para que los asuman los ciudadanos y ciudadanas de El Campello.
Ahora, como con el Plan General, el parking, el parque central, etc. las arcas municipales deberán destinar cantidades presupuestarias para indemnizar las aventuras de un gobierno que esgrimió ( y todavía no se avergüenza de ello) la bandera del "interés general", cuando en realidad eran, como decía, ocurrencias que nos van a salir caras.
En ésta cuestión, como en el resto y los venideros pufos heredados, cabe una explicación clara y, por supuesto, la exigencia, por vía legal, de las responsabilidades correspondientes. Los políticos que tomaron las decisiones y los técnicos que las avalaron.
Cuando el gobierno de la derecha hablaba ( y sigue haciéndolo sin sonrojarse) del interés general, ¿ a qué se refería?. La cuestión es que, utilizando la delegación concedida por las urnas, e instrumentalizandola en función de sus intereses ( que a día de hoy, y visto el costo que está teniendo para las arcas municipales, no está claro cual es), tomó decisiones en las que ahora debe asumir su responsabilidad, por ejemplo, dimitiendo, debido al claro perjuicio que estas han ocasionado para los intereses colectivos ( que no siendo generales, si lo son de una mayoría).
El interés general es un eufemismo que en el fondo lo que oculta es la imposición de ideas e intereses particulares. La cuestión es que no existe un único interés. La opinión pública es cambiante por lo que una exigencia de un gobierno es tener una idea coherente de pueblo en función de los valores y principios que lo inspiran. Y dicho esto, ¿cual ha sido la idea coherente de pueblo que la derecha tenía, que no fue ni será y que no obstante tenemos que pagar todos y todas?.
Creo que el argumento de "en política se toman decisiones, unas positivas y otras negativas, y ésta ha sido negativa", como si las decisiones políticas fueran asepticas; como si no tuvieses ideología. Pero no es así. Las acciones políticas forman parte de una idea, contiene ideología y expresan intereses. De ahí que mi valoración sobre la hipótesis planteada sea que, la derecha lo hizo pensando en el interés de unos pero perjudicó a muchos, algo que la ciudadanía no debe olvidar, sea la cara que sea la que encabece el cartel. Y por otro lado, que las excusas sobre buenas o malas decisiones no son, ni propias ni dignas de alguien que quiera , no solo representar, sino estar al lado de la mayoría de una sociedad que, "gracias" a esas malas decisiones va a tener que renunciar a políticas públicas de bienestar social.


LA INDIFERENCIA, PRIMER PASO DE LA RESIGNACIÓN.

El "no nos representan" fue un eslogan, un grito de una ciudadanía desesperada que sufría ( ¿sufría?) las consecuencias de una cruel crisis económica y financiera pero, ¿donde ha quedado ese grito?. El sistema, cimentando su posición hegemónica sobre la construcción de un "sentido común" basado en la primacía de la responsabilidad individual ha conseguido que los movimientos ciudadanos que monopolizaron las protestas sociales a partir de 2011 pasen prácticamente a la irrelevancia. Y todo ello, sin que las organizaciones tradicionales hayan integrado de forma sustancial las reclamaciones sociales más que de forma, o simbólica o meramente instrumental.
El panorama es desalentador, a la vista del silencio de la sociedad. Un silencio que se ha sumado a ese perverso término de "mayoría silenciosa" ( franquismo sociológico) que tanta tranquilidad proporciona a las estructuras de poder.
El término sentido común es utilizado como sustituto de razonable y lógico. En contraposición coincido con el geógrafo David Harvey que afirma : "Para que algún sistema de pensamiento llegue a ser dominante, requiere la articulación de conceptos fundamentales que se arraiguen tan profundamente en entendimientos de sentido común que lleguen a ser tomados por dados e indiscutibles". Es cierto que en los municipios pequeños o medianos como el nuestro, la expresión de la desafección con la política no alcanzó los niveles que en las grandes ciudades. No obstante, si ese descontento si se agregó en las urnas, multiplicando la representación y propiciando un cambio político, al menos en las estructuras del poder. De ahí que el silencio social tampoco sea un hecho a resaltar.
Tras dos años y medio de legislatura, las voces de descontento y discrepancia son puntuales y se centra en colectivos muy determinados, algo que no parece preocupar demasiado al gobierno municipal. Parece que exista una cierta confianza en que esa "mayoría silenciosa" volverá a darles la oportunidad de gobernar, pese a la, digamos, irrelevante legislatura que hasta ahora hemos tenido. Las premisas discursivas sobre las que se cimentó el cambio no se han concretado en políticas. Es cierto que los equilibrios y desequilibrios de las mayorías han situado las políticas públicas en meros hechos puntuales, importantes, pero puntuales. La debilidad del gobierno no parece ser excusa suficiente para que las propuestas con las que los diferentes partidos se presentaron a las elecciones se hayan concretado en iniciativas institucionales. Por hablar de algo en concreto, podríamos referirnos al Presupuesto, o a la resolución o amortiguación de los distintos litigios en los que se haya inmersa la institución municipal que condicionarán el futuro local, como mínimo a medio plazo. Pero ahora la cuestión es, dada la proximidad de las elecciones, analizar si las diferentes organizaciones podrán presentarse ante la ciudadanía defendiendo su gestión política y con qué propuestas pedirán el apoyo de una sociedad local inmersa en la indiferencia.
Sobre la cuestión de la representación ( pido perdón, pero es una cuestión en mi opinión relevante en un sistema democrático representativo) el multipartidismo que ha protagonizado el gobierno supone algunos problemas pese a no descalificarlo como alternativa al bipartidismo o al monopartidismo que se dió durante más de veinte años. Cuando son bastante los partidos que compiten por la representación, castigar a las formaciones políticas con la oposición es más complicado: la ciudadanía pierde parte de su capacidad para asignar responsabilidades de forma clara. Y en éste contexto ( el de multipartidismo) los dirigentes políticos ganan espacio y capacidad de maniobra, en su caso, para seguir en el poder pese a que los posibles resultados hayan sido negativos. En mi opinión, uno de los déficits de la presente legislatura y que, con toda seguridad jugará un papel en la determinación de la decisión de la ciudadanía es la falta de explicación. El gobierno no ha podido o no ha sabido explicar porque se han hecho o por que no determinadas cuestiones: no hay política sin comunicación. Y la publicidad no es suficiente.
Otra cuestión a valorar será si el gobierno ha sido capaz de recoger las demandas ciudadanas, aunque ésta cuestión es más compleja dado el silencio social o la confrontación abierta con los colectivos vecinales sobre asuntos que vienen de lejos.

La cuestión sobre la que tendríamos que reflexionar, no es sólo si las protestas exigiendo más y mejor democracia, sino si la política ha recibido el mensaje o no, y si están a la altura de lo que la sociedad, aunque no de forma explícita, exigió y sigue pidiendo.