"La
fuerza siempre está de parte de los gobernados". Estas palabras
de Hume resume un sentimiento, una necesidad que se exige a la
democracia. Pero ésta palabra tan repetida como recurso o argumento
para exigir o reivindicar la legitimidad de las decisiones políticas
ha concitado diferencias y discrepancias acentuadas por el incremento
de las desigualdades y pobreza, presentándola como un instrumento
inútil para garantizar la igualdad y la justicia.
Mandar
significa movilizar recursos ( impuestos), y esa movilización
requiere un consentimiento. El ejercicio del poder, como afirmó
Weber, conlleva fuerza o persuasión, y no existe dominación sin
consentimiento. La veracidad de la frase de Abraham
Lincoln, en su famoso discurso de Gettysburg ( "la democracia es
el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo)
ha perdido veracidad a lo largo de la historia y con el desarrollo de
la democracia se ha "abandonado la idea de que el pueblo
gobierna, asumiendo que, mediante la movilización el pueblo apoya o
se opone a los gobiernos" (W.Lippman,1925).
La
opinión pública, ese recurrido término, difuso e inconcreto, ha
tomado cuerpo tras el estallido de la crisis financiera, cuestionando
el sentido mismo de la democracia representativa por considerar que
se ha reducido a un mero proceso formal de selección de "élites".
Una parte de la sociedad exige una revisión a fondo del paradigma de
la democracia liberal y una recuperación sustancial que recupere
derechos económicos y sociales como fundamento y esencia del
autogobierno moral. El sistema democrático liberal-representativo
con componentes de republicanismo solo en el ámbito normativo ( una
supuesta ciudadanía más activa con una ampliación de la
participación y una cobertura de las necesidades básicas y otros
derechos sociales y culturales cuya pretensión en origen tenía como
objetivo la amortiguación de las diferencias de clase) es un mero
recurso discursivo pero no un componente del sistema. Las
deficiencias de la democracia representativa derivan de que el puro
enfrentamiento de intereses privados limita la representación de los
más desfavorecidos propiciando una atrofia del control popular, la
perpetuación de estructuras de privilegios y el imposible
intercambio de papeles entre representantes y representados.
Se
exige una mayor participación pero la realidad es que ésta
exigencia ciudadana no es generalizada : la sociedad civil es una
realidad desestructurada por un sistema que ha "impuesto"
un sistema de agregados sociales como forma de mayor y mejor control:
los grupos sociales están siendo sustituidos y la opinión pública
agregada se limita únicamente a las convocatorias electorales, único
instrumento admitido por una estructura, todavía, eminentemente
elitista, cuyo pragmatismo centra la relevancia en la traducción de
la opinión pública en votos. Pero ésta ucronía ( visión
apocalíptica del futuro) parecía tener una solución: las
alternativas del cambio.
En
el ámbito estatal surgieron voces que reclamaban otra política para
otro sistema. Y éstas voces fueron recogidas, de forma práctica o
retórica por algunos y combatida como claramente disfuncional por
otros. Los que asumieron las reclamaciones sociales pusieron en
practica unos mínimos principios de democracia directa que, pasado
el tiempo les dejó de ser útil. En casos muy cercanos, la
adaptación funcional al medio que venían a "cambiar" ha
desdibujado los objetivos, convirtiéndolos en meros relatos
simbólicos sin que hayan existido aplicaciones directas mediante
políticas públicas concretas. El compromiso de "mejorar"
la democracia ha dejado paso, de nuevo, a la "eficacia" en
la gestión: la administración municipal sigue pudiendo ser definida
como una administración de corte tradicional escondiéndose tras el
difuso término de "interés general". La esperanza en un
cambio se ha paralizado a causa de la limitación "weberiana":
la política y la administración siguen siendo espacios separados,
quedando al "margen" de la política de cualquier cambio la
estructura burocrática, algo consustancial al cambio preconizado por
suponer la administración al servicio de la ciudadanía y no como
parece ocurrir en la actualidad.
Por
otro lado, es necesario incluir en éste contexto una cultura
política donde la actitud que prima es la de una ciudadanía
mayoritariamente pasiva, mera receptora de servicios, donde la
opinión pública queda restringida al ámbito discursivo ( privado),
algo que beneficia a la aparentemente perenne estructura elitista.
La superación de la creencia de que a política es cosa de
"políticos" es una premisa en un necesario proceso de
resocialización política donde los partidos y organizaciones
políticas sean el motor de un cambio que la sociedad espera y
necesita por una cuestión meramente vital: su supervivencia como
sociedad colectiva donde la deliberación conjugue intereses
colectivos con individuales sin negar conflictos, pero apelando al
consenso social en torno a ese viejo pero necesario principio de a
política: el bien común.
El
análisis de lo que pasa o debería pasar debe partir de un marco
conceptual, pues de lo contrario se continuará ignorando e incluso
despreciando las opiniones contrarias suscribiendo solos las
coincidentes, en una clara patología social que seguirá propiciando
redes clientelares y sectarias que vacían de contenido sustancial
un sistema que, incluso en lo más cercano, debe garantizar derechos
sociales y libertades políticas, sin limitar la democracia a los
rituales cuatrianuales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario