La
teoría de juegos es, simplificando, la aplicación de modelos
matemáticos al comportamiento de un determinado número de actores.
Se le denomina “juego” al tener en cuenta las decisiones
estratégicas de cada cual, donde el resultado de la interacción
depende de los demás participantes, todo ello desde un enfoque
absolutamente racional.
Existen
diferentes “juegos”. De dos actores e incluso de un indeterminado
número, de información perfecta ( donde se conocen las acciones
previas, como el ajedrez) o imperfecta ( donde se desconocen las
estrategias de los otros, como el mus). Sobre los resultados, tenemos
el juego de suma cero ( lo que gana uno es lo que pierde el otro), de
no cero ( lo que gana uno no siempre implica la perdida del otro) y
los cooperativos ( existe comunicación y negociación, como por
ejemplo los acuerdos políticos). Uno de los “juegos” más
conocidos es el Dilema del Prisionero, donde dos presos deben decidir
si delatar al otro en función de unas consecuencias sabidas a las
posibles alternativas de decisión. ¿Podríamos, en un ejercicio de
puro entretenimiento, aplicar la Teoría de Juegos al debate político
municipal?. Desde una perspectiva teórica, si, pero la política,
afortunadamente ( o no) está atravesada por factores que no son
únicamente racionales: sentimientos, emociones, valores, ambiciones,
etc. por lo que sería una empresa imposible. Pero desde una actitud
lúdica podría ser una herramienta para aproximarnos al
entendimiento de las actitudes de unos y otros.
En
el escenario tenemos siete actores políticos. La situación es,
aprobar el presupuesto o no, con las consecuencias políticas que
podría acarrear para cada uno de ellos en función de una decisión
u otra.
El
primer actor, es el gobierno de coalición. Si su propuesta se
aprueba, ¿qué beneficios obtendría?. Evidentemente hay beneficios
colectivos, pues algunos gastos necesarios tendrían un soporte
sólido y no dependerían de modificaciones de crédito que deberían
aprobar en el pleno municipal con el apoyo de otros. También hay
beneficios individuales como gobierno, pues su posición se vería
reforzada de una forma clara en el último tramo de la legislatura.
¿Habrían beneficios individuales para los diferentes componentes
del gobierno de coalición?. La respuesta a ésta cuestión es más
complicada.
Para
la oposición los beneficios y perjuicios son variables en función
del papel que cada uno ha jugado a lo largo de la legislatura. No
serían los mismos beneficios o perjuicios para Esquerra Unida, que
apoyo la investidura y, por ende, la composición del actual gobierno
en minoría, que para Ciudadanos o para el Partido Popular. Los
beneficios o perjuicios para el Partido Popular y para Ciudadanos
podrían calcularse, pero solo de forma hipotética y simbólica,
pues debemos esperar a las elecciones para ver si el acto de apoyo o
rechazo ha sido valorado de forma negativa o positiva por los
electores. No obstante, la aprobación podría ser tácita o
explícita: votar sí, abstenerse para propiciar una mayoría simple
o incluso prestar tácticamente algún apoyo como ya hicieron en
determinados momentos, en juego, este si, de suma cero: lo que
arriesgo se compensa con lo que gano: ¿prestigio por responsabilidad
institucional pese a apoyar al adversario al que se calificó incluso
como “pacto de perdedores”?, ¿ser acusados de oposición
obstruccionista y negativa?
Los
costes y beneficios inmediatos de una decisión en política ( y
cuando digo política, me refiero al ámbito partidario y no a la
acción política en la institución) se miden por un cierto capital
simbólico (anticipado en forma de tendencias a través de sondeos,
pero no en nuestro caso, pues oficialmente no existen), en el que
podría influir el debate presupuestario como casi penúltimo acto de
la legislatura. Podría quedar en el recuerdo de los electores, tanto
como un acto de responsabilidad, como un acto de seguidismo, de
colaboracionismo, obstruccionismo, etc. en función del juicio o
preferencias de cada cual. El resultado de ese cálculo no lo
tendríamos hasta que la opinión pública no volviese a agregarse en
las urnas, decidiendo responsabilidades, en positivo o en negativo,
hacia los diferentes partidos que se presenten, por lo que únicamente
podríamos especular en función, o del estatus de los actores en la
institución, o las tendencias demoscópicas generales, que no
locales.
La
estrategia de cada actor dependerá de las expectativas que se hayan
formado ( personalmente, no se en función de que dato o argumento,
que no sea el puro subjetivismo) para ese horizonte electoral. Es
cierto que existe una exigencia institucional, pero ésta no es menor
que hace uno o dos años, teniendo como referencia la “urgencia”
en la aprobación de éste presupuesto, en mi opinión, únicamente
ese capital simbólico del que están necesitados para volver a pedir
el apoyo ciudadano.
Se
podría incluso proponer (yo lo plantee como hipótesis), que el
presupuesto se decidiese por racionalidad pura: asignar un porcentaje
a cada partido en función de su representación y, en función de
ésto, que cada partido decidiese sus prioridades presupuestarias,
dándoles cabida en el documento final. Pero esto no es posible, pues
como decía al inicio, la política no tiene como componente
dominante la racionalidad, sino otros factores, afortunadamente, pues
si la racionalidad fuese la única variable interviniente, se caería
en un maquinismo que mataría definitivamente la democracia como
forma de resolución acordada de los conflictos de una sociedad tan
compleja como es en la que vivimos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario