jueves, 14 de diciembre de 2017

Los servicios municipales (la biblioteca como excusa)

El debate actual en torno a la mal llamada municipalización de los servicios públicos (los servicios impulsados por acuerdo municipal son de propiedad pública siempre, hasta que no se decida lo contrario por el órgano competente) se sustenta en un planteamiento claramente favorable a los modos de gestión públicos frente a los modos de gestión indirecta a través de contratos con sociedades mercantiles: la corrupción, el clientelismo y un mercantilismo de beneficio desmedido ha incidido de forma determinante en la irrupción de éste debate.
Y tras éste debate subyace, en el marco de lo que se denomina la Nueva Gestión Pública, una dicotomía en cuanto al enfoque de dicha Nueva Gestión: la neoempresarial y la neopública. Ambas parten de la necesidad de mejorar la prestación de determinados servicios. El primer enfoque, hace hincapié básicamente en factores económicos: eficiencia presupuestaria, ahorro económico y de recursos, etc. clientelizando a la ciudadanía receptora de los bienes y servicios. La segunda, propone introducir una dimensión ético-valorativa, a través de una repolitización de la gestión, la racionalización de las externalizaciones y la introducción en los procesos político administrtivos de participación de la ciudadanía como sujetos finales de los servicios y políticas públicas. Personalmente, me adscribo a la segunda, pero no de una forma, digamos, ortodoxa, sino flexible y básicamente posibilista. De ahí que el debate sobre la gestión de algunos servicios municipales lo entienda en un contexto, no de subjetivismo ideológico, sino de la viabilidad en función de un fin: la justicia social y la solidaridad.
La hegemonía de posiciones neoempresariales ha mercantilizado la gestión de los servicios, y ésta solo puede superarse desde una alternativa, como decía neopública, que avance en la dotación de valor público a los servicios y políticas, o lo que es lo mismo: estableciendo una mínima corresponsabilidad con la ciudadanía, considerando a ésta no solo como receptora, sino incluso como potencial gestora, algo que sin duda incidirá de forma más potente que cualquier tipo de eslogan retórico en las redes sociales en ese deseable clima de complicidad social que ayude a superar la desafección de una ciudadanía que ve la administración más como un problema que como una herramienta para mejorar su vida.
Las propuestas de gestión directa que presenta de forma recurrente Esquerra Unida adolecen, en mi opinión de una parte propositiva, centrándose únicamente en una posición normativa sobre lo que "debería ser la gestión" y no sobre cómo concretarla, a menos que la única vía propuesta sea el incremento de plantilla. Olvida posibles instrumentos como, el autoempleo, el cooperativismo, el empoderamiento de los y las trabajadoras a través de sus propias iniciativas. Antepone la calidad del empleo público y una supuesta calidad del servicio al ser prestado por funcionarios. Y, siendo cierto que a través de funcionarios se asegura su continuidad, no comparto que así sea respecto a la calidad, pues ésta depende de la iniciativa política. Y mi reflexión es , si el ente local se ha decidido por la comodidad del contrato privado sin más ¿será eficiente en la gestión de los servicios públicos prestados directamente?. Por otro lado, y siendo la democracia un sistema "in tempore", ¿quién asegura que los trabajadores públicos, al igual que otros en la plantilla municipal no acaben realizando otras tareas o que incluso acaben duplicándose recursos ( y gastos)?.
Creo que la idealización del empleo público como paradigma y "única" solución a un escenario de precariedad no es, ni responsable ni posible: defendiendo los derechos laborales para unos se acaba olvidando esa misma justicia para otros muchos y muchas. Y si de nuestra administración local hablamos, sería igualmente necesario valorar las reformas y ajustes necesarios para que los "derechos" (servicios extraordinarios y productividad) no continuasen siendo un lastre para la implementación de políticas socio económicas.
En resumen, creo que la aprobación de la propuesta de "municipalización" del servicio de biblioteca debería al menos servir para abrir un debate sobre la gestión de los servicios municipales hoy gestionados indirectamente o en perspectiva de serlo. Pero más que una decisión unilateral y atendiendo a esa "temporalidad" sobre la que la democracia descansa, debería ser motivo de un acuerdo lo más amplio posible que, siendo flexible, asegurase un criterio de mínimos sobre cómo recuperar la gestión directa o en que incidir en los pliegos de condiciones para introducir medidas de contenido social y derechos laborales para los trabajadores, al tiempo que se potencia una apertura a la participación social para la definición de los servicios asegurando la continuidad y calidad de los mismos.

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