El debate actual en torno a la
mal llamada municipalización de los servicios públicos (los
servicios impulsados por acuerdo municipal son de propiedad pública
siempre, hasta que no se decida lo contrario por el órgano
competente) se sustenta en un planteamiento claramente favorable a
los modos de gestión públicos frente a los modos de gestión
indirecta a través de contratos con sociedades mercantiles: la
corrupción, el clientelismo y un mercantilismo de beneficio
desmedido ha incidido de forma determinante en la irrupción de éste
debate.
Y
tras éste debate subyace, en el marco de lo que se denomina la Nueva
Gestión Pública, una dicotomía en cuanto al enfoque de dicha Nueva
Gestión: la neoempresarial y la neopública. Ambas parten de la
necesidad de mejorar la prestación de determinados servicios. El
primer enfoque, hace hincapié básicamente en factores económicos:
eficiencia presupuestaria, ahorro económico y de recursos, etc.
clientelizando a la ciudadanía receptora de los bienes y servicios.
La segunda, propone introducir una dimensión ético-valorativa, a
través de una repolitización de la gestión, la racionalización de
las externalizaciones y la introducción en los procesos político
administrtivos de participación de la ciudadanía como sujetos
finales de los servicios y políticas públicas. Personalmente, me
adscribo a la segunda, pero no de una forma, digamos, ortodoxa, sino
flexible y básicamente posibilista. De ahí que el debate sobre la
gestión de algunos servicios municipales lo entienda en un contexto,
no de subjetivismo ideológico, sino de la viabilidad en función de
un fin: la justicia social y la solidaridad.
La
hegemonía de posiciones neoempresariales ha mercantilizado la
gestión de los servicios, y ésta solo puede superarse desde una
alternativa, como decía neopública, que avance en la dotación de
valor público a los servicios y políticas, o lo que es lo mismo:
estableciendo una mínima corresponsabilidad con la ciudadanía,
considerando a ésta no solo como receptora, sino incluso como
potencial gestora, algo que sin duda incidirá de forma más potente
que cualquier tipo de eslogan retórico en las redes sociales en ese
deseable clima de complicidad social que ayude a superar la
desafección de una ciudadanía que ve la administración más como
un problema que como una herramienta para mejorar su vida.
Las
propuestas de gestión directa que presenta de forma recurrente
Esquerra Unida adolecen, en mi opinión de una parte propositiva,
centrándose únicamente en una posición normativa sobre lo que
"debería ser la gestión" y no sobre cómo concretarla, a
menos que la única vía propuesta sea el incremento de plantilla.
Olvida posibles instrumentos como, el autoempleo, el cooperativismo,
el empoderamiento de los y las trabajadoras a través de sus propias
iniciativas. Antepone la calidad del empleo público y una supuesta
calidad del servicio al ser prestado por funcionarios. Y, siendo
cierto que a través de funcionarios se asegura su continuidad, no
comparto que así sea respecto a la calidad, pues ésta depende de la
iniciativa política. Y mi reflexión es , si el ente local se ha
decidido por la comodidad del contrato privado sin más ¿será
eficiente en la gestión de los servicios públicos prestados
directamente?. Por otro lado, y siendo la democracia un sistema "in
tempore", ¿quién asegura que los trabajadores públicos, al
igual que otros en la plantilla municipal no acaben realizando otras
tareas o que incluso acaben duplicándose recursos ( y gastos)?.
Creo
que la idealización del empleo público como paradigma y "única"
solución a un escenario de precariedad no es, ni responsable ni
posible: defendiendo los derechos laborales para unos se acaba
olvidando esa misma justicia para otros muchos y muchas. Y si de
nuestra administración local hablamos, sería igualmente necesario
valorar las reformas y ajustes necesarios para que los "derechos"
(servicios extraordinarios y productividad) no continuasen siendo un
lastre para la implementación de políticas socio económicas.
En
resumen, creo que la aprobación de la propuesta de
"municipalización" del servicio de biblioteca debería al
menos servir para abrir un debate sobre la gestión de los servicios
municipales hoy gestionados indirectamente o en perspectiva de serlo.
Pero más que una decisión unilateral y atendiendo a esa
"temporalidad" sobre la que la democracia descansa, debería
ser motivo de un acuerdo lo más amplio posible que, siendo flexible,
asegurase un criterio de mínimos sobre cómo recuperar la gestión
directa o en que incidir en los pliegos de condiciones para
introducir medidas de contenido social y derechos laborales para los
trabajadores, al tiempo que se potencia una apertura a la
participación social para la definición de los servicios asegurando
la continuidad y calidad de los mismos.
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