domingo, 2 de julio de 2017

DECISION POLÍTICA

   Una decisión política va a costar a las arcas municipales 1,3 millones de euros. La decisión del gobierno del PP, defendida por su portavoz, se basó en informes técnicos, decisión que ahora los tribunales han fallado, condenando al Ayuntamiento, o lo que es lo mismo, a todos y todas los y las campelleros y campelleras, a destinar más de un millón de euros a indemnizar a una empresa que supuestamente tenía que ceder el parque central como compensación por la urbanización de la UA13.
   Esa cuestión pone de relieve la preponderancia en la toma de decisiones, de los diferentes departamentos técnicos. Y esa preponderancia es la que, en éste ( y en otro casos que vendrán, como es el asunto del parking de la Avda Els Furs) va a costar un dinero que podría destinarse a otras políticas. La cuestión es que, como no puede ni debe ser de otra manera, la actividad política está sujeta al cumplimiento de la ley, y ahí es donde los diferentes departamentos técnicos tienen su cometido principal. No obstante hay una cuestión que debería provocar una reflexión: los técnicos son personas con un bagaje cultural pero también ideológico, que pueden estar tentados de, en vez de realizar una labor puramente técnica, abstrayéndose de orientar ideológicamente su criterio, exponerla en los informes ya sea de forma tácita o explícita. Y ahí es donde entra la política.
   El hecho no es una cuestión menor y debe suponer un análisis por parte de los representantes públicos sobre la definición y el carácter de la administración, no como fín en si  misma, sino como medio para mejorar ( no gestionar solo) la vida de la ciudadanía.
   El proceso de transformación que la administración pública sufrió a lo largo del siglo 20 estuvo marcada por la burocratización como proceso racional de superar la discrecionalidad de una administración antigua y poco profesionalizada. Pero la administración pública de corte tradicional burocrática se ha alejado de su principal función en una sociedad cada vez más exigente, principalmente con los representantes públicos. Por lo tanto, es necesario revisar la tecnocratización de la administración que condiciona, no solo legalmente sino políticamente la toma de decisiones e iniciar una transformación donde las personas dejen de ser meros contribuyentes y avancen en ciudadanía: la administración tradicional consiguió superar la discrecionalidad de una administración antigua más preocupada por contentar a determinados sectores en función de su estatus económico, logrando una indiscreccionalidad donde era indiferente la procedencia de las personas pues todas estaban sujetas al mismo proceso administrativo ( basado en la ley). Pero el "no conocer el nombre" de las personas fue positivo, pero hoy es una demanda de la ciudadanía: que la administración me atienda sabiendo quien soy, que quiero y que necesito. Y en esta nueva situación, la democratización de la administración, facilitando el acceso a colectivos y nuevos actores en la toma de decisiones debe ir acompañada de una pluralidad de opciones no definidas por una sola decisión técnica: la adecuación de esa ecuación debería ser, principalmente basada en el problema y las soluciones consensuadas entre agentes sociales, representantes públicos y, como es el caso, entidades privadas ( ¿porqué no se negoció con la empresa urbanizadora para resolver las deficiencias y se atendió únicamente a un informe técnico?)
   Quizá esas "dinámicas" que el Sr. Alcalde dice haber cambiado, no han variado tanto, siendo las mismas instituidas bajo el mandato del partido popular: clientelismo basado en prebendas económicas. Quizá no han cambiado tanto y se precisa un estudio de mayor profundidad y contenido que realmente analice cómo es la administración y hacia donde quiere ir. Quizá éste esfuerzo, que aunque políticamente no es un argumento inmediato para pedir el voto, sea un acto de responsabilidad necesario que a medio y largo plazo evitará que se produzcan situaciones como ésta.
   Por último, simplemente plantear la necesidad de iniciar un proceso de investigación siguiendo el procedimiento administrativo: abrir un expediente para dilucidar quién y qué responsabilidad recae sobre políticos y técnicos. Pagar es una obligación establecida por un tribunal, pero la responsabilidad de saber porqué se tomó y quién la incentivó es algo sobre lo que no puede pasarse sin más.

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