La administración, así
a lo bruto, nos presenta una imagen macro que engloba a todo el
complejo entramado burocrático estatal, autonómico y local. Mi
interés es analizar aunque sea de forma superficial, el desarrollo
de la administración que más cerca tenemos y que, pese a los
esfuerzos de muchos para presentarla como algo ajeno, ni lo es ni lo
debe ser, pues es el instrumento más directo para que la política
sea lo que la democracia necesita como revulsivo: más democracia.
Los "mayores"
recordarán el Ayuntamiento franquista en nuestra localidad. Mínimo
en sus servicios y reducido en sus medios. Arbitrario y poco
profesional donde el estatus económico, social e incluso las
creencias personales condicionaban el trato con la administración y,
por consiguiente, la atención a los problemas y necesidades. Una
administración que velaba por los intereses de los grupos pudientes
sin ningún pudor al no existir normas legales que obligasen a un
procedimiento justo. Esa administración "antigua", fue
progresivamente sustituida por una administración más numerosa y
profesional. El gran merito organizativo, en mi opinión hay que
atribuirselo a la capacidad de un profesional que dirigió la
secretaría municial en la década de los ochenta y mediados de los
noventa: Vicente Boix. Catedrático de derecho administrativo y una
persona con un compromiso inequívoco con el servicio público y,
sobre todo, con la modernización de la administración. Aquel
momento de cambio que propició la primera década de democracia
impulsó la profesionalización y diversificación tanto del personal
como de los servicios públicos: más infraestructura (
principalmente socio cultural y educativa), más profesionales de la
administración y mayores recursos que colocaron a la administración
local al nivel de otras administraciones.
Este recorrido histórico
acaba practicamente en el inicio del gobierno de la derecha a
mediados de los noventa del pasado siglo. No obstante, la
consolidación del estado de derecho y de una administración donde
los procedimientos y gestiones estaban plenamente institucionalizados
impidió la quiebra de la estructura administrativa: se pasa de una
organización racional a una actuación donde prima la
irracionalidad. El ingente incremento de personal técnico al albur
de la burbuja inmobiliaria, junto a la arbitrariedad en la concesión
de remuneraciones complementarias sin criterio claro y de dudosa
legalidad, transforman la incipiente ética del servicio público en
un conjunto de reivindicaciones personales en conflicto desde un
sentimiento ajeno a esa ética, donde se considera el servicio
público como un mero empleo sin compromiso. Esta situación choca
con el carácter general de una derecha que considera, genericamente,
a la administración como un instrumento pesado y lento, necesitado
de mecanismos empresariales para mejorar su funcionamiento.
Únicamente en lo que respecta a la externalización de servicios se
puede observar el carácter neoempresarial. Frente a ésta dinámica,
no ha existido más que de forma retórica ( a las pruebas de los dos
años de gobierno de coalición me remito) un discurso pero no una
práctica neopública. No se ha cuestionado la clientelización (
cliente, en términos empresariales) de la administración, se sigue
considerando (excepto en el discurso) al ciudadano como mero receptor
de servicios y contribuyente, y la democracia, tal y como Shumpeter
la definía como un "mero instrumento de selección" de
personal político.
Ya en 1991 la OCDE en un
reconocido informe afirmaba que existía un consenso en las
democracias occidentales en torno a la idea de que había que avanzar
hacia una "administración al servicio del público". Las
administraciones debían ser receptivas: mayor accesibilidad,
comprensibilidad y transparencia, así como mayor diligencia en la
solución de problemas a través de políticas públicas diseñadas
de forma participativa.
La necesidad de acercar
la administración a su objeto ( que no es el procedimiento, sino
la ciudadanía), a través de las nuevas tecnologías pero sobre
todo, a través de una serie de códigos éticos positivos de
obligado cumplimiento por el cuerpo administrativo, junto a la
superación del paradigma neoliberal de "eficacia preheminente
de lo privado frente a lo público", son algunos de los
componentes del debate que se debería estar produciendo en el ámbito
de las administraciones, pero sobre todo y por lo que nos afecta, en
nuestro Ayuntamiento. ¿Porqué?. Simple y llanamente porque así lo
expresaron una mayoría plural de ciudadanos y ciudadanas en las
urnas. ¿Lo hemos olvidado?
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